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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - La jueza de Control Jimena Cardoso dictó ayer la prisión preventiva por 30 días para Alexander Echeverría, el joven detenido tras una serie de incidentes violentos en el barrio Indios Ranqueles. La resolución judicial se da en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Francisco Cuenca, quien le imputa al detenido delitos que van desde las "amenazas agravadas" hasta el "abuso de arma de fuego", en un contexto de conflictividad vecinal que mantenía en vilo a los habitantes de la zona.
La acusación fiscal trazó una línea de tiempo que refleja una preocupante escalada de agresiones durante el mes de febrero. Según el Ministerio Público, el primer hecho documentado ocurrió la madrugada del 12 de febrero, cuando Echeverría se presentó en una vivienda de las calles 40 y 31. Armado con una carabina que transportaba en una bolsa, amedrentó a Silvana Díaz y a su entorno familiar. Sin embargo, este fue solo el preludio de lo que vendría.
Entre el 19 y el 20 de febrero, el imputado habría mantenido un asedio constante frente al domicilio de las víctimas, profiriendo gritos y exigiendo de forma violenta que un integrante de la familia saliera a la calle para enfrentarse físicamente. La situación alcanzó su punto más crítico el mediodía del 20 de febrero: Echeverría, a bordo de una motocicleta de 110 cc, interceptó a la hija de la denunciante y a su pareja en la vía pública, atacando al joven con una cadena en movimiento.
Minutos después de ese ataque físico, la violencia se trasladó al uso de armas de fuego. Según el fiscal Cuenca, el acusado efectuó dos disparos de carabina hacia la casa de la familia. Los proyectiles no solo impactaron en un árbol del frente, sino que uno de ellos destruyó el parabrisas de un Ford Falcon bordó estacionado en la vereda, propiedad de la familia Flores.
Los antecedentes
Uno de los puntos determinantes para que la Fiscalía solicitara la detención efectiva fue el frondoso prontuario del imputado. Echeverría no es un desconocido para el sistema penal: cuenta con una condena en 2020 por violencia de género y otros legajos por lesiones agravadas, amenazas y hurto.
El fiscal Cuenca fue contundente al señalar que el acusado ha demostrado un sistemático desprecio por las normas legales, habiendo incumplido anteriormente reglas de conducta y tratamientos psicológicos impuestos por la Justicia. Esta conducta errática, sumada a que el imputado permaneció inhallable durante varios días tras los disparos, fundamentó el "riesgo de fuga" y de "entorpecimiento" de la causa.
La postura de la defensa
El abogado defensor Héctor Freigedo, si bien no cuestionó la formalización de la causa, se opuso enérgicamente a que su asistido fuera trasladado a una celda. Argumentó que la prisión preventiva debe ser la última instancia y solicitó, en su lugar, un arresto domiciliario con tobillera electrónica en una vivienda alejada de las víctimas.
El defensor intentó demostrar que Echeverría posee arraigo en General Pico y que su falta de recursos económicos le impediría mantenerse oculto fuera de la ciudad. Asimismo, propuso una prohibición de contacto absoluta con la familia denunciante como medida suficiente para garantizar el proceso. No obstante, sus pedidos fueron desestimados por la magistrada.
Resolución de la jueza
Al momento de resolver, la jueza Cardoso validó los argumentos de la Fiscalía. Consideró que existen elementos de convicción suficientes —testimonios, videos policiales y registros fotográficos— para vincular a Echeverría con los ataques.
Dos factores fueron cruciales para negar el arresto domiciliario: primero, que el arma de fuego utilizada aún no ha sido recuperada, lo que sugiere una posible maniobra de ocultamiento de prueba por parte del entorno del detenido; y segundo, la alta probabilidad de que el imputado, de estar en libertad, pudiera influir o amedrentar a los testigos, dada la naturaleza de los hechos investigados.
Finalmente, la magistrada dictó la prisión preventiva por un plazo de 30 días. Durante este mes, la Fiscalía buscará recolectar las pruebas restantes, incluyendo las pericias sobre los celulares secuestrados en los allanamientos realizados por la Comisaría Segunda y el Grupo Especial en el barrio Ranqueles, con el fin de elevar la causa a juicio.
Foto: En Boca de Todos
