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EL DIARIO digital
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La Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) mostró a las claras la división y la puja entre provincias que provoca la propuesta modificatoria de la Ley de Glaciares. El encuentro federal puso sobre la mesa las distintas miradas sobre esa iniciativa y sus implicancias.
La Pampa y otras 7 provincias rechazaron la propuesta libertaria, pero otras 8 jurisdicciones la avalaron, 5 se abstuvieron y 3 estuvieron ausentes. Desde la Secretaría de Ambiente provincial se hizo hincapié en el impacto negativo que esa normativa tendría sobre La Pampa en particular, pero sobre el futuro del país en general.
El COFEMA es el órgano que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las jurisdicciones argentinas y la Nación, y que funciona como espacio clave de coordinación de políticas públicas en materia ambiental en un país de estructura federal.
La convocatoria tuvo como eje central el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial), así como el análisis del trabajo técnico previo desarrollado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo del Consejo.
Participaron representantes de 21 jurisdicciones en una reunión que dejó en evidencia fuertes diferencias políticas y técnicas en torno al futuro del régimen de protección de estos ecosistemas estratégicos. En representación de la provincia de La Pampa participó la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso.
Un mapa de votación dividido
El resultado de la votación reflejó un escenario de paridad y fragmentación.
Ocho jurisdicciones votaron en contra: La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe; ocho a favor: Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cinco se abstuvieron: Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes y tres estuvieron ausentes: Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis.
La división exacta entre votos afirmativos y negativos, sumada a un número significativo de abstenciones, evidencia la falta de consensos en torno a una norma que regula bienes ambientales críticos como el agua de origen glaciar.
En este contexto, La Pampa expresó una postura crítica frente al proyecto de reforma, advirtiendo que, bajo el argumento de fortalecer la autonomía provincial, se podría producir un debilitamiento efectivo de los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional.
El planteo pampeano se apoya en una interpretación constitucional que articula el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias (artículo 124) con la responsabilidad indelegable del Estado nacional de fijar estándares mínimos de protección ambiental (artículo 41).
Desde esta perspectiva, cualquier modificación que fragmente esos estándares podría derivar en asimetrías regulatorias y en una competencia entre jurisdicciones. En este sentido, desde la representación provincial se advirtió que "cualquier modificación al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares debe preservar y fortalecer el carácter de los presupuestos mínimos ambientales, garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y asegurar que ninguna provincia vea comprometido su derecho a un ambiente sano por decisiones adoptadas fuera de su territorio".
Vulnerabilidad hídrica
La Pampa remarcó además su condición de provincia aguas abajo, cuya disponibilidad hídrica depende de cuencas interprovinciales como las de los ríos Colorado y Atuel. En este sentido, advirtió que decisiones adoptadas en territorios aguas arriba tienen impactos directos sobre su ambiente, su producción y su desarrollo social.
El documento presentado subraya que la fragmentación de la evaluación de impacto ambiental y la ausencia de mecanismos federales robustos de coordinación pueden agravar conflictos interprovinciales y debilitar la gestión integral de cuencas.
En esa línea, La Pampa hizo hincapié en que sin un Estado nacional fuerte que garantice reglas comunes, las provincias aguas abajo quedan en una situación de desventaja estructural frente a decisiones adoptadas fuera de su territorio.
Un debate sobre el modelo
Por fuera del resultado de la votación, lo ocurrido en la Asamblea del COFEMA pone de relieve una discusión de fondo: el modelo de gobernanza ambiental en Argentina.
La tensión entre autonomía provincial y estándares nacionales no es nueva, pero en el caso de los glaciares -reservas estratégicas de agua dulce y reguladores clave de cuencas hídricas- adquiere una dimensión crítica.
Para La Pampa, la protección de estos ecosistemas no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a enfoques fragmentados, insiste el gobierno. Por el contrario, requiere una visión federal cooperativa, con reglas claras, homogéneas y un Estado nacional activo que garantice el interés ambiental común.
Ambiente planteó que en un escenario de creciente variabilidad climática y presión sobre los recursos hídricos, el debate sobre la Ley de Glaciares trasciende lo normativo: se trata, en última instancia, de definir cómo se distribuyen los riesgos, los beneficios y las responsabilidades en el territorio argentino.
