Clausuran una chacra en 25 de Mayo por vulnerar derechos laborales
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EL DIARIO digital
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El sistema de detención en La Pampa atraviesa uno de sus momentos más delicados según lo manifestó el Juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual, quien describió un panorama de hacinamiento y desvirtuación de las funciones policiales en las comisarías y alcaidías de la provincia.
La fuga y posterior recaptura de un preso herido en una pelea entre internos de la Alcaidía de General Pico puso nuevamente la situación de los presos y de los lugares de detención en la discusión. Maximiliano Sena estaba internado tras recibir un puntazo en la Alcaidía de la URII, este lunes, y desapareció de la vista de médicos, enfermeros y, fundamentalmente, de los efectivos policiales encargados de su vigilancia. Luego de un operativo cerrojo liderado por la Brigada de Investigaciones, el herido fue interceptado en calles 300 y 5, en inmediaciones del barrio Malvinas.
Sena había sido herido luego que dos internos ya identificados irrumpieran armados en la celda número 6 del Pabellón 2 de la Alcaidía norteña. El ataque fue certero y a distancia: utilizaron un "arpón", armado con un palo de escoba y una punta de hierro afilada en el extremo. Mientras otros detenidos permanecían como espectadores en el ingreso, los agresores arremetieron contra los cuatro ocupantes del calabozo. Sena se llevó la peor parte. El informe médico detalló un cuadro de gravedad: un orificio de entrada en la zona intercostal izquierda que derivó en un hemoneumotórax tras perforarse la pleura.
Este nuevo capítulo de sangre y evasión no es un hecho aislado, sino que se espeja en antecedentes que perduran en la memoria del ambiente policial. La figura de Sena, un recluso con condena firme por robo agravado que, según los protocolos, no debería haber estado alojado en una Alcaidía sino en una unidad penitenciaria, remite inevitablemente al caso de Gonzalo Muñoz. Aquel joven murió en marzo de 2024 en el mismo Pabellón 2, también víctima de ataques con arpones y facas a manos de otros internos.
El juicio por la muerte de Muñoz desnudó fallas estructurales, tanto en las condiciones de alojamiento de detenidos, como así también en los controles y requisas necesarios para evitar heridos por armas blancas fabricadas dentro de la dependencia policial.
Incluso la modalidad de la fuga en el Hospital Gobernador Centeno tiene su propio antecedente reciente. En febrero de 2024, Jonathan "El Gringuito" Luna Bustos logró evadir los controles del nosocomio en una maniobra similar, siendo recapturado meses más tarde en Buenos Aires. Curiosamente, la historia vuelve a cerrarse sobre sí misma: Luna Bustos había terminado internado tras ser agredido por el propio Gonzalo Muñoz.
"Mezcla" de perfiles
Para el juez Pascual, el problema más grave no es solo la superpoblación, sino la falta de segmentación de los internos. Debido a la falta de cupos en cárceles federales, las comisarías se ven obligadas a alojar a personas con realidades jurídicas opuestas.
En cuanto a la convivencia forzada, Pascual ejemplificó el riesgo de alojar en una misma celda a un condenado a prisión perpetua por homicidio con un delincuente primario que recién ingresa al sistema. El juez subrayó que la ley exige tratamientos distintos para cada perfil, algo imposible de cumplir en la infraestructura actual de las comisarías.
El magistrado fue enfático al señalar que se está obligando a la fuerza policial a cumplir tareas para las que no fue formada originalmente.
"El personal policial está destinado para la prevención y seguridad, no al cuidado de condenados", sentenció Pascual en declaraciones a Infopico Radio.
Si bien Pascual destacó el profesionalismo de los agentes, advirtió que tener que custodiar presos de forma permanente resiente la seguridad en las calles y genera un entorno de violencia interna, como los recientes incidentes en la Alcaidía de General Pico.
Convenio con San Luis
Sobre la estrategia de trasladar internos a la provincia vecina para descomprimir el sistema local, el juez confirmó que el impacto fue mínimo y temporal.
Pascual detalló que el límite de 40 internos acordado con San Luis ya se encuentra cubierto en su totalidad. Al no haber nuevas plazas, la provincia se encuentra nuevamente sin "válvulas de escape" para aliviar el hacinamiento.
Pascual concluyó que el parche de los traslados no alcanza y que La Pampa debe asumir una postura estructural sobre la ejecución de la pena.
El juez instó a las autoridades a planificar la construcción de un establecimiento penitenciario provincial que permita que las comisarías dejen de funcionar como "cárceles de facto". Y lamentó que el Ministerio de Seguridad no haya convocado a los actores judiciales para abordar la situación, advirtiendo que, sin medidas de fondo, la violencia y el hacinamiento seguirán escalando.
