El radicalismo quiere que autoridades informen por el pasivo ambiental

La diputada provincial Gisela Cuadrado presentó un proyecto de resolución para convocar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería a comparecer ante la Legislatura provincial, con el objetivo de brindar "información integral" sobre la situación ambiental de las áreas hidrocarburíferas de La Pampa, en particular respecto de los pasivos ambientales existentes en el área El Medanito.

La iniciativa busca que las autoridades presenten un informe completo, actualizado y detallado sobre el estado ambiental de las zonas actualmente en explotación, incluyendo la identificación y cuantificación de los pasivos ambientales, su alcance territorial y las acciones concretas previstas para su mitigación, saneamiento y control.

Cuadrado recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y establece que el daño ambiental genera, de manera prioritaria, la obligación de recomponer. En la misma línea, el artículo 18 de la Constitución de la Provincia de La Pampa consagra el derecho a vivir en un ambiente sano y determina que todo perjuicio ambiental genera responsabilidad conforme a la legislación vigente.

En ese marco, la legisladora sostuvo que la política hidrocarburífera provincial debe regirse por los principios de prevención, precaución y responsabilidad ambiental, garantizando que todo impacto sea evaluado, controlado y debidamente remediado.

Finalmente, destacó que el control estatal resulta clave para brindar seguridad jurídica y asegurar un desarrollo energético responsable.

Señaló que cualquier oferente que pretenda participar en un proceso licitatorio en áreas hidrocarburíferas necesita conocer con precisión la situación de los pasivos ambientales, su cuantificación y el alcance de las obligaciones de remediación.

En ese sentido, subrayó que la transparencia en esta materia no solo protege el ambiente, sino que también garantiza previsibilidad, concurrencia y reglas claras en los procesos licitatorios.