Baja de la imputabilidad: "Más regresivo que lo hecho por Videla en la dictadura"

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que el proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal implica un grave retroceso en materia de derechos humanos y recordó que el régimen penal vigente para menores fue sancionado durante la última dictadura militar.

El jurista señaló que "el régimen penal que hoy rige fue sancionado por Videla durante la dictadura" y explicó que, ya en democracia, "la edad de responsabilidad penal se elevó de 14 a 16 años". En ese sentido, sostuvo, en declaraciones a La Voz en Vivo, que "la democracia tiene una deuda pendiente: contar con un régimen penal juvenil acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos".

Gil Domínguez recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación "han instado reiteradamente al Poder Legislativo a sancionar un régimen penal juvenil conforme a la normativa internacional". Sin embargo, alertó que el proyecto que se intenta tratar "va en sentido contrario" porque "propone volver a parámetros propios de la dictadura militar, sin razones empíricas ni constitucionales que lo justifiquen".

Uno de los ejes del debate es la edad de responsabilidad penal. Al respecto, el constitucionalista fue categórico: "No hay ninguna necesidad acuciante de bajar la edad". Para fundamentarlo, citó estadísticas oficiales: "Si uno revisa los datos de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más complejo, los delitos cometidos por personas menores de 16 años representan entre el 1,5 y el 2 por ciento del total, y en un 85 por ciento son delitos contra la propiedad, no contra la vida".

Además, subrayó que los organismos internacionales ya se pronunciaron sobre este punto. "El Comité de los Derechos del Niño le ha dicho al Estado argentino que bajar la edad de responsabilidad penal sería regresivo y violaría los derechos del niño", indicó, y agregó que "incluso a los Estados que fijaron la edad en 12 años se les ha pedido que la eleven a 14 o 16".

Para Gil Domínguez, la discusión actual presenta un vacío central: "Nadie explica qué pasa cuando un niño de hasta 14 años entra en conflicto con la ley penal. En ese segmento etario no hay respuestas". Y advirtió que, de sancionarse el proyecto, "sería algo más regresivo incluso que lo que estableció Videla durante la dictadura".

El jurista también cuestionó la discrecionalidad que introduciría la iniciativa: "Se establece que adolescentes que cometan delitos entre los 13 y los 15 años queden sujetos a la decisión de un fiscal o un juez para determinar si van a prisión efectiva o a una pena alternativa, cuando los bienes jurídicos afectados y las escalas penales son muy distintas". Según explicó, esto implicaría además "una enorme erogación de recursos provinciales y nacionales para montar un aparato represivo sobre jóvenes, en un país donde no hay recursos para personas con discapacidad".

En un tramo más crítico, Gil Domínguez sostuvo que "estamos viviendo una forma de ejercicio del poder totalmente autocrática, donde el derecho se construye según la voluntad del gobierno". Y agregó: "Lo que dice la Constitución o los tratados de derechos humanos no le interesa ni al gobierno, que crea su propio derecho, ni a una parte importante de la sociedad que acompaña este proceso".

"Cuando se den cuenta del desastre que produce esto, va a ser tarde", advirtió, y afirmó que "no es la primera vez que la estupidez de una mayoría social conduce a la destrucción de las bases de la democracia".

Frente a este escenario, el constitucionalista planteó cuál debería ser el eje de una verdadera reforma: "El norte tiene que ser el interés superior del niño, incluso del que está en conflicto con la ley". En ese marco, propuso "un régimen penal juvenil nuevo, aplicable a personas de entre 16 y 18 años, con un proceso penal especial, jueces y fiscales capacitados, y garantías reforzadas".

"El adolescente tiene que atravesar un proceso que le permita entender la falta que cometió, hacerla carne, para no repetirla", explicó. Y concluyó: "Si la única lógica es la represión y se les aplica a los chicos un régimen pensado para adultos, el derecho deja de dar segundas oportunidades. Ese no puede ser el camino de un régimen penal juvenil en democracia".