Casa de la Juventud Pampeana: inversión de $7,5 millones para sostener la sede en Córdoba
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) puso en marcha un plan de regularización dominial con una inversión millonaria para agilizar los títulos de propiedad de planes antiguos. Sin embargo, de forma paralela, el organismo emitió una serie de resoluciones para rescindir adjudicaciones en diversas localidades a familias que no habitan las viviendas o mantienen deudas crónicas en sus cuotas.
A través del Decreto N° 1436, publicado en el Boletín Oficial de este viernes 23, el Poder Ejecutivo autorizó al IPAV a realizar una contratación directa por hasta 30 millones de pesos para incorporar profesionales especializados. El objetivo central es regularizar la situación dominial de inmuebles donde se construyeron o repararon unidades habitacionales en el marco de programas sociales hasta el 31 de diciembre de 2015. Esta medida busca perfeccionar las escrituras de aquellas viviendas cuya documentación aún no ha sido finalizada por diversas causas legales o técnicas.
Rescisiones en toda la provincia
Mientras se facilita el acceso a la propiedad definitiva, el IPAV ha incrementado el control sobre el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios actuales. Según consta en el último boletín, se han dictado resoluciones para dejar sin efecto actas de tenencia precaria y tomar posesión de viviendas en Santa Rosa, Catriló, Victorica y Tomás M. de Anchorena.
En Santa Rosa se rescindió el contrato de una vivienda por la "exclusiva causal de falta de pago de las cuotas de amortización". Una situación similar se registró en Catriló, donde se dejó sin efecto la adjudicación de una unidad del Plan Federal Plurianual por deudas acumuladas. Por su parte, en la localidad de Tomás M. de Anchorena, el organismo también quitó la preadjudicación de una vivienda del Plan FO.PRO.VI. I por morosidad.
Ocupación, un requisito ineludible
El control no solo se limita a lo económico, sino también a la función social de la vivienda. En Victorica, el IPAV intimó a adjudicatarios por "falta de ocupación efectiva y permanente", advirtiendo que, de no presentar un descargo en diez días, se procederá al dictado del acto administrativo rescisorio.
Incluso en casos donde el titular original ha fallecido, el organismo ha notificado a los presuntos herederos sobre la obligatoriedad de afrontar tanto la ocupación como el pago de las cuotas para mantener el derecho sobre el inmueble, como ocurrió recientemente con una propiedad del Plan 5000 viviendas en la capital pampeana. Con estas acciones, el Gobierno provincial busca garantizar que las viviendas sociales cumplan con su propósito habitacional y que el sistema sea sustentable mediante el cumplimiento de los pagos.
