Luz y Fuerza denunció un "ambiente hostil" en la APE: preparan medidas de fuerza 

El Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa, encabezado por su secretario general Julio Acosta, lanzó una dura denuncia pública contra el administrador general de la Administración Provincial de Energía (APE), Cristian Andrés. En una conferencia de prensa rodeado de delegados de toda la provincia, Acosta describió un escenario de violencia laboral, falta de inversión en equipamiento y persecución política que ha llevado al gremio a declararse en estado de alerta y movilización.

El eje central del reclamo pasa por la conducta del administrador Andrés, a quien Acosta calificó de "agresivo" y de manejarse como un "emperador". Según el dirigente, el funcionario incurre permanentemente en insultos, amenazas y abusos de poder.

"El administrador tiene una conducta de permanente falta de respeto. Ha llegado a proferir insultos e invitaciones a pelear cuando los reclamos se hacen con firmeza. Niega estas situaciones cínicamente, pero han ocurrido frente a todos los compañeros", denunció Acosta. Y contó que las situaciones han llegado incluso "a invitaciones a pelear".

El sindicato sostiene que el ambiente laboral viola el derecho fundamental a un entorno sano y digno, señalando que la gestión de Andrés se caracteriza por la discriminación y el autoritarismo.

"Caprichos" políticos

Uno de los puntos que colmó la paciencia del gremio fue la no renovación de la adscripción de una trabajadora del área de parque automotor, a pesar de contar con informes de eficiencia impecables de sus jefes directos.

Acosta atribuyó esta decisión a "caprichos personales o políticos" del administrador. "Afecta el servicio porque no le gusta la cara de una persona o por su línea política. El jefe del área presentó notas resaltando su eficacia, pero el administrador decidió sacarla igual", relataron los delegados.

Ante la falta de respuestas, el sindicato confirmó un cronograma de medidas que comenzarán el próximo lunes, con la presentación formal de la denuncia ante la Secretaría de Trabajo. Además, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización permanente en todas las sedes del interior y la capital.

Los gremialistas anticiparon que el próximo 4 de febrero, una vez cumplidos los cinco días hábiles de preaviso legal por tratarse de un servicio esencial, comenzarán las medidas de acción directa (paros y asambleas) de carácter progresivo y sorpresivo.

"Queremos que las cosas anden bien, pero para eso el Gobierno debe garantizar un ambiente libre de violencia y herramientas seguras para trabajar", completó Acosta, enviando un mensaje directo al gobernador Sergio Ziliotto para que intervenga en la dependencia.

Infraestructura

Más allá del conflicto humano, los delegados expresaron una profunda preocupación por la seguridad física de los operarios. Denunciaron que el parque automotor está "obsoleto" y que se ha dejado de invertir en mantenimiento básico.

"Tenemos un camión con una grúa que tiene 33 años. Subir a una línea de 132 kV con ese desgaste es sumamente peligroso; se acrecienta el riesgo de un accidente gravísimo", advirtieron los delegados de mantenimiento.

Y señalaron que desde Santa Rosa hacia el sur existen cientos de kilómetros de líneas sin una sola camioneta o grúa disponible. "Si pasa algo en Jacinto Arauz, el pueblo puede estar horas sin luz porque no tenemos en qué salir", explicaron.

En otra parte de la conferencia, el gremio también apuntó a la contradicción entre el "ajuste" que se le pide a los trabajadores y el manejo de la estructura jerárquica. Denunciaron que, mientras se recortan horas extras y viáticos, se crearon tres nuevas subgerencias con altos costos políticos. Asimismo, reclamaron por recategorizaciones "arbitrarias y sin concurso" para el personal jerárquico, mientras que trabajadores que cumplen funciones de mayor responsabilidad desde hace seis años siguen con categorías iniciales.