Pymes y trabajadores contra una reforma laboral a pedir de las grandes empresas extractivistas

Este jueves por la mañana se llevó a cabo una reunión en la que el gobernador Sergio Ziliotto recibió en la provincia a Alfredo González, secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y expresidente de la entidad, para dialogar sobre las implicancias de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno nacional.

Del encuentro participaron también autoridades locales: Jorge Ortiz Echagüe, en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), y Rodrigo Gemoni, secretario general del Centro Empleados de Comercio y presidente de la Federación Nacional de Mutuales Mercantiles de FAECYS (FENAMMF).

Si bien los participantes coincidieron en la necesidad de debatir sobre las nuevas formas de trabajo, destacaron la importancia de que cualquier reforma sea construida con la participación activa tanto del sector empresario como del sector sindical. "No puede existir una modificación del marco laboral a espaldas de quienes generan empleo ni de quienes representan a las y los trabajadores", manifestaron.

Hubo consenso en que una reforma impuesta incrementaría la conflictividad laboral, perjudicaría principalmente a las PyMEs y beneficiaría de manera desproporcionada a las grandes empresas extractivistas de recursos naturales. En ese sentido, señalaron que "la ley laboral no puede ser una herramienta de ajuste ni de precarización, sino un instrumento para garantizar estabilidad, previsibilidad, empleo digno y desarrollo productivo, fruto del diálogo social y la construcción de consensos".

La reunión se dio en el marco del debate nacional, aprovechando la visita de González a la provincia. El proyecto de ley se encuentra actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación y próximamente será debatido en la Cámara de Diputados.

Por ello, se planteó al gobernador Sergio Ziliotto la importancia de que, a través de los diputados y senadores pampeanos, se garantice la presencia de la voz del sector productivo y del movimiento obrero organizado en el debate parlamentario, con el objetivo de evitar que la reforma laboral avance sin el consenso de quienes generan empleo y de quienes representan a las y los trabajadores.