El empresario Javier Catoni ensaya un salto a la política
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EL DIARIO digital
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La investigación judicial por el brote de botulismo que conmociona a la provincia avanza a paso firme en los tribunales santarroseños. En las últimas horas, la fiscala Cecilia Martini encabezó una serie de testimoniales que incluyeron a personal de la Dirección de Epidemiología, médicos forenses e integrantes del área de Bromatología provincial. El objetivo es determinar el grado de responsabilidad de quienes elaboraron los escabeches de la marca "Juli-Mar", los cuales podrían ser imputados por el delito de homicidio culposo.
La lupa judicial se posó sobre una vivienda de la localidad de Toay que funcionaba como centro de producción, sin ningún tipo de habilitación sanitaria.
Allí se habría originado la toxina que ya se cobró la vida de la artista Raquel Pumilla y afectó gravemente a su esposo, el escritor Juan Carlos "Pinky" Pumilla, quien permanece este lunes en la terapia intensiva del Hospital Favaloro.
La Justicia también aguarda pericias concluyentes para determinar si el fallecimiento de la poeta Hilda Alvarado está ligado directamente a la misma partida de alimentos.
La figura penal
Fuentes judiciales confirmaron a El Diario que la imputación de homicidio culposo se fundamenta en la presunta negligencia, impericia y la vulneración del deber de cuidado al manipular sustancias alimenticias de forma irregular.
Sin embargo, el Código Penal también contempla figuras más graves relacionadas con delitos contra la salud pública, como el envenenamiento o adulteración de sustancias alimenticias, que pueden acarrear penas de prisión de cumplimiento efectivo si se comprueba el riesgo masivo al que se expuso a la población.
