Declaraciones juradas: un sistema que no refleja el patrimonio real

Cada vez que se publican las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos en La Pampa, los números llaman la atención. Casas amplias, campos productivos o inmuebles urbanos aparecen declarados con valores que parecen muy bajos en comparación con lo que cualquiera imagina que podrían valer en el mercado. Sin embargo, esa diferencia no responde a una irregularidad, sino al modo en que está diseñado el sistema de control patrimonial.

En La Pampa, las declaraciones juradas están reguladas por la Ley de Ética Pública y son controladas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). No están pensadas para medir la riqueza real de un funcionario, sino para permitir al Estado controlar el origen de los bienes y verificar si su evolución patrimonial es compatible con los ingresos que tuvo mientras ocupó un cargo público. Por eso, los valores que figuran en los formularios oficiales no se actualizan ni se ajustan por inflación o por precios de mercado.

El criterio central es el valor de adquisición. Es decir, los bienes se declaran por lo que costaron al momento de ser comprados y ese monto se mantiene con el paso de los años. Un terreno adquirido hace cinco años por 10.000 dólares (en las DDJJ se declara en pesos) seguirá figurando en la declaración jurada por ese mismo valor, aun cuando hoy su precio sea muy superior. Si el funcionario está casado, incluso declarará solo su parte, en este caso 5.000 dólares.

La situación se vuelve aún más llamativa cuando sobre ese terreno se construye una vivienda. Aunque se trate de una casa de grandes dimensiones, el inmueble continúa declarado por el valor histórico del terreno. La construcción no genera una revalorización automática en la declaración jurada, porque el sistema no busca reflejar el valor actual del bien, sino registrar cuánto dinero fue necesario para adquirirlo originalmente.

El mismo criterio se aplica a otros bienes habituales, como los vehículos. Un auto comprado años atrás se declara por el precio que se pagó en ese momento, sin importar cuánto valga hoy según las tablas o el mercado. Algo similar ocurre con los bienes recibidos por herencia o donación, que deben declararse, pero figuran con valor cero, ya que no implicaron una erogación de dinero por parte del funcionario.

Esto explica por qué una persona puede tener varios bienes a su nombre y, sin embargo, mostrar un patrimonio declarado relativamente bajo. No se trata de ocultar información, sino de una lógica contable orientada a controlar el origen de los fondos y no la riqueza acumulada.

Que un bien figure con un valor bajo no significa, de todos modos, que quede fuera del control estatal. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas puede analizar cuándo se realizaron las compras o las construcciones, cruzar esos datos con los ingresos declarados y verificar si el crecimiento patrimonial resulta razonable. El foco está puesto en la coherencia entre lo que se gana y lo que se incorpora al patrimonio, no en el valor que ese bien podría tener hoy. 

Por eso, leer las declaraciones juradas como si fueran un ranking de riqueza suele llevar a conclusiones equivocadas. Un patrimonio reducido en los papeles no necesariamente implica pocos bienes, del mismo modo que un valor alto no siempre refleja una situación actual de mayor poder económico. Entender esta lógica permite una lectura más precisa de los datos oficiales y ayuda a evitar interpretaciones apresuradas cada vez que los listados patrimoniales salen a la luz.