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EL DIARIO digital
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Un escrito oficial de la Secretaría de Energía y Minería, fechado hace 20 días, desnuda el intento que hubo de frustrar la reciente licitación de la zona petrolera El Medanito.
El documento, al que accedió El Diario, desvirtúa técnica y jurídicamente los argumentos en contra, resalta que todas las objeciones fueron respondidas en tiempo y forma y destaca -además- el acompañamiento de toda la comisión.
La nota, avalada por los técnicos de diferentes áreas, sostiene que las afirmaciones de la diputada Noelia Sosa son "prematuras e improcedentes", cuando el pliego estaba en elaboración. Además, califica su propuesta técnica de "inaceptable para fines fiscales" por aumentar la incertidumbre de la medición hasta el 12% y generar costos "irracionales" de hasta USD 36,7 millones que desalientan la inversión.
Conflicto Institucional
El documento, fechado el 17 de noviembre, señala que la legisladora ultravernista, quien integra la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la redacción del pliego, generó un "clima de discordia e irrespeto" al difundir sus observaciones públicamente.
El Ejecutivo calificó de "inadmisible" la difusión de interpretaciones parciales o inexactas mientras la Comisión está en pleno análisis técnico. Se advierte que esta conducta "contraviene los principios de transparencia" y vulnera la confidencialidad que debe regir toda Licitación Pública, afectando la credibilidad del proceso.
La Secretaría defendió que las acusaciones de una supuesta "violación de la voluntad del legislador" son "prematuras e improcedentes" dado que el instrumento final aún no ha sido aprobado.
Costos millonarios
El escrito dedica su parte más extensa a desestimar la propuesta técnica de Sosa de utilizar caudalímetros multifásicos en cada pozo para medir la Producción Incremental (PI), en lugar del método de Curva de Producción Básica (CPB).
La administración provincial tildó la sugerencia de la diputada de "carecer de sustento técnico, normativo y económico" porque:
Incertidumbre Fiscal: El uso de caudalímetros multifásicos aumenta la incertidumbre de la medición a valores de entre 8% y 12%, un margen "inaceptable para fines fiscales", cuyas normas internacionales (API/IRAM) exigen límites de ±1,5%.
Costos Irracionales: El costo de instalar y mantener estos medidores se estima hasta en USD 36,7 millones, un gasto que "no mejora la precisión fiscal y desalienta la inversión privada".
Garantía de regalías
El Ejecutivo defendió su método (CPB) como el "único racional" para áreas maduras, basándose en certificaciones de reservas y en el sistema de medición fiscal normado.
La Secretaría concluye que la metodología propuesta garantiza que la Provincia perciba regalías plenas sobre la Producción Básica esperada y solo aplique la regalía reducida a la producción adicional genuinamente certificada por nuevas inversiones, cumpliendo así con la Ley Provincial N° 3620.
Finalmente, para evitar cualquier malentendido, se anunció que el pliego licitatorio será modificado para ratificar que ninguna empresa pagará la regalía reducida sin certificar inversiones y que, hasta ese momento, regirá la alícuota plena.