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EL DIARIO digital
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Un grupo de padres y madres de alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria N° 61 de La Adela decidieron no enviar a sus hijos a clases a partir del jueves 27, en protesta por la inacción de las autoridades escolares ante reiterados y graves episodios de violencia y hostigamiento ejercidos por un compañero de 11 años.
Las familias, que han formalizado sus denuncias ante la policía, aseguran que los hechos de agresión se repiten sin obtener respuestas concretas por parte del equipo directivo.
La tensión escaló el pasado lunes 24, cuando los padres mantuvieron una reunión con la dirección de la escuela. Según los denunciantes, en dicho encuentro se negaron los hechos de violencia denunciados. Las autoridades se limitaron a informar que el menor señalado recibe el apoyo profesional correspondiente por parte del Ministerio de Educación.
Para las familias, esta respuesta es insuficiente para garantizar la seguridad dentro del aula. Los padres exigen una intervención clara y medidas concretas para evitar nuevas agresiones, y han resuelto mantener la inasistencia hasta obtener una solución.
La Policía, por su parte, elevó la información a la Fiscalía de turno, que dispuso la notificación a los responsables del menor involucrado y la intervención de los organismos pertinentes.
Antecedente
Este caso en La Adela replica una situación similar ocurrida a principios de noviembre en General Campos, donde padres de alumnos de cuarto grado de la Escuela N° 133 tomaron la misma drástica decisión.
En ese caso, los padres expresaron su desesperación ante un entorno escolar que se había convertido en un "lugar de tensión y malestar" debido a la violencia recurrente de un menor, que afectaba tanto a los 24 compañeros como a las docentes.
Las familias de General Campos denunciaron que, bajo el lema de la inclusión, la falta de personal de apoyo especializado dejaba a la mayoría de los alumnos y a las docentes en situación de desamparo.
Los denunciantes lamentaron que la respuesta de la institución fuera siempre la de "proteger al agresor" con frases como 'vamos a darle tiempo', mientras que la violencia impedía el avance académico.
La máxima tensión en este caso se produjo por la supuesta amenaza de la madre del niño agresor a un menor dentro de la escuela.
Los padres aclararon que su reclamo no es contra una familia, sino un "pedido de acción a la institución y a los responsables de las políticas educativas que no dan respuesta".
Tras la difusión del conflicto en General Campos, el Ministerio de Educación anunció que se estaba trabajando en la situación y que funcionarios se trasladarían a la localidad.
