El STJ avaló la prisión preventiva por incumplir medidas de control
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – La cuarta jornada judicial por el homicidio en la Alcaidía de Pico desnudó de forma bestial la rudimentaria y precaria investigación inicial. Los propios dichos de jefes policiales ante el Tribunal ratificaron la idea de una pesquisa que se esforzó más en salvar la ropa de los actores institucionales fuera del pabellón, que en cimentar material probatorio certero que eliminara el margen de dudas en un veredicto.
El Tribunal presidido por Marcelo Pagano, junto a los jueces María José Gianinetto y Carlos Pellegrino, abrieron el debate esta semana, con la presencia del fiscal Juan Pellegrino, el querellante Pedro Febre en representación de la madre de Muñoz.
Los acusados Gianfranco Schneider y Dino Pérez Albornoz son representados por la defensora oficial Soledad Forte, Gastón Alcalde contó con la asistencia de la abogada Camila Aimar, mientras que Alexis Aballar fue asistido por el defensor oficial Walter Vaccaro. Los cuatro detenidos están acusados de "homicidio calificado".
Desde el inicio, uno de los pilares de la acusación fue el informe de las cámaras de seguridad. Este serviría para identificar a cuatro de dieciséis reclusos que corrieron, encapuchados y con torsos cubiertos, desde la celda 5 a la celda 1, donde fue atacado Gonzalo Muñoz. El resultado final fue un análisis basado en herramientas de trabajo casi prehistóricas, distanciadas del rigor técnico exigible, que dejaron sujeta la identificación a la fe de la interpretación del perito. A esto se sumaron graves errores humanos.
Comisario ausente y protocolos vacantes
Previo al plato fuerte del viernes, el Tribunal escuchó al jefe de la Alcaidía, el comisario general Claudio Drapanti, quien se excusó al aclarar que se encontraba en Mar del Plata la semana de los hechos.
El jefe policial brindó detalles de manejo de detenidos, pero dejó conceptos destacados ante la Defensa. La abogada Forte debió escarbar en la memoria de Drapanti para que recordara que, días antes del homicidio, Muñoz había lesionado gravemente a otro preso. Acto seguido, el comisario admitió que "no hay protocolos" de actuación ante incidentes serios, y que en la Alcaidía se trabaja únicamente "sobre la experiencia". Este dato contrastó con las requisas: mientras Drapanti indicó que se hacían cada un mes, un guardia declaró tres meses. Cabe destacar que la requisa clave que encontró las facas fue solicitada por el Fiscal cinco días después del hecho y la muerte de la víctima.
La debacle del testimonio se selló cuando el defensor Walter Vaccaro preguntó a Drapanti si se habían iniciado acciones internas luego de descubrirse que Muñoz ingresó con una faca tras ser requisado. El jefe, perplejo, respondió: "¿Entró con una faca? No tengo conocimiento que haya pasado eso. Yo no estaba."
La jefa y la investigación
A continuación, declaró la jefa de la Unidad Regional II, Vanina Fileni, quien comentó los movimientos realizados la noche del hecho, incluida una entrevista "muy informal" con los detenidos de la celda 1. Los entrevistados fueron Aballar, uno de los acusados, y Aires, el testigo que dio dos versiones.
Nadie le preguntó a Fileni por qué no se inició una investigación sobre los policías responsables de la seguridad, permitiendo que se retirara sin responder sobre la cadena de mando.
Tecnología de otro siglo
El oficial Miguel Vargas, de "La Brigadita" de Comisaría Primera, fue el encargado de analizar las tres cámaras de seguridad para identificar a los encapuchados. Vargas elaboró dos informes, justificando que uno se envió en formato PDF "por no contar con impresora color, ni hojas grandes". Esta aclaración fue la antesala del equipamiento disponible para las pericias.
El fiscal Pellegrino invirtió una hora y media reproduciendo imágenes con pésima definición, tomadas con poca luz y dispositivos rudimentarios, a través de un sistema que el propio fiscal manejaba con dificultad. El esfuerzo titánico del especialista se enfocó en distinguir rostros, vestimenta, movimientos y tatuajes para concluir que los atacantes eran Schneider, Pérez Albornoz, Alcalde y Aballar. Confirmar en imagen la existencia de una faca de milímetros fue una misión de fe en la interpretación del perito.
La defensora Forte desató la debacle del informe al preguntar por el software utilizado. Vargas reveló que trabajó con VLC, un reproductor de video sumamente básico creado hace más de dos décadas y disponible gratuitamente. La confesión expuso el equipamiento para "investigaciones complejas" en tiempos de Inteligencia Artificial, donde la unidad no posee una sola herramienta digital para hacer un simple zoom, ni hablar de filtros de mejora de imagen.
Acumulación de errores
Para terminar de demoler el análisis, se expusieron los errores. El uniformado reconoció un "error de tipeo" en el informe escrito al confundir el nombre de un preso ("Ríos") por el de un acusado ("Pérez Albornoz").
Finalmente, Forte señaló un error más gráfico: el informe identificaba los tatuajes del pecho de Schneider, confundiéndolos con los de Pérez Albornoz. Ambos acusados debieron pasar al frente y mostrar sus torsos desnudos, dejando sentado que nada tenían que ver con el informe.
Con piedad, y sin animosidad, los defensores preguntaron al especialista en videos: "¿Seguro que no hay más errores?". Con el análisis de imagen comprometido, la condena ahora parece depender de la prueba genética, que existe y se dará a conocer en la próxima audiencia.
