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EL DIARIO digital
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Con media sanción de la cámara de Diputados provincial, el polémico Proyecto San Jorge volvió hoy al centro del debate: la declaración de impacto ambiental (DIA) habilitada el jueves pasado allana el camino para que en los próximos meses se reactive la megaminería metalífera en el territorio.
El paquete legislativo aprobado incluye también 27 proyectos de exploración en la zona del Malargüe Distrito Minero Occidental II, y la creación de un fondo de compensación ambiental más una ley de regalías mineras, recién aprobadas con un canon del tres por ciento para la provincia. El río Grande es afluente del Río Colorado, lo que generaría consecuencias para La Pampa. El acueducto desde ese río el principal proveedor de agua potable de la provincia.
La aprobación, planteó la agencia Tierra Viva, generó una manifestación masiva en defensa del agua, con cientos de personas concentradas frente al recinto de la Legislatura. Convocadas por distintas agrupaciones sociales y ambientales —como las Asambleas por el Agua—, exigieron que se respete la Ley 7722, vigente desde 2007, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico en actividades mineras.
Los manifestantes advirtieron que los estudios ambientales presentados por las empresas mineras carecen de sustento técnico: incluso un documento del Conicet Mendoza que alertaba sobre los riesgos fue censurado y retirado de la web oficial del organismo apenas horas después de su difusión.
Entre los puntos de conflicto más señalados figura el consumo de agua que implicaría la explotación. Según estudios hidrológicos citados por los opositores, el arroyo potencialmente afectado por la minería no cuenta con caudales suficientes —ni en años de buenas nevadas— para sostener la extracción prometida sin comprometer el caudal ecológico.
¿Desarrollo o riesgo ambiental? El debate vuelve a las calles
Desde el gobierno provincial, autoridades mendocinas aducen que la megaminería permitirá ampliar la matriz productiva y contribuir a una "transición energética".
Pero desde organizaciones campesinas, ambientalistas, comunidades locales e incluso desde el ámbito científico se advierte que la promesa de empleo y riqueza no compensa los costos sociales, ambientales e institucionales. Además, cuestionan la escasa regalía acordada (3 %), inferior a los estándares comparables con otras provincias mineras.
La controversia reaviva un problema estructural en provincias áridas como Mendoza —y también en otras regiones del país que, como La Pampa, han vivido tensiones por el uso del agua y los recursos territoriales—: ¿puede la megaminería convivir con la escasez hídrica, con la conservación del ambiente y con los derechos de las comunidades locales?
La 7722 como símbolo de resistencia
Para muchos mendocinos, la Ley 7722 representa algo más que normativa: es un símbolo de defensa del agua, del territorio y de la soberanía de las comunidades sobre sus bienes comunes. Desde su sanción en 2007, permitió frenar proyectos extractivos, al menos temporalmente, y visibilizar el valor del agua como recurso estratégico.
Hoy, con este nuevo avance minero, la vigencia real de esa ley —y la capacidad del Estado para garantizarla frente a presiones empresariales y políticas— vuelve a estar en duda.
