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EL DIARIO digital
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En la mañana de este miércoles, un grupo de gremialistas encabezado por María Ester Campos y Nicolás Marquesoni se presentó en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de General Pico para participar de la reunión de comisión directiva que la secretaria general Nora Poblet había aceptado hacer —dijeron— pero a la que no concurrió, por lo que reclamaron la regularización del órgano sindical.
Campos explicó que presentaron una nota dirigida a Poblet el 6 de noviembre, en la que recordaron que ya habían solicitado sin respuesta reuniones de comisión el 23 de abril, el 7 de mayo y el 12 de septiembre, siendo esta la cuarta solicitud del año.
"En lo que va del año no hemos tenido reunión de comisión, por eso la urgencia. No se está tratando ningún tema", expresó.
Indicó además que, ante la falta de respuesta, decidieron autoconvocar una reunión de comisión para el 12 de noviembre a las 9 horas, conforme al artículo 49 del estatuto, que establece que deben realizarse encuentros cada 30 días.
Señaló que "las oficinas están cerradas. Hoy venimos porque la respuesta que obtuvimos a la nota fue una fotografía de nuestra convocatoria. Suponíamos que la reunión se iba a hacer por esa respuesta", pero la titular del gremio no asistió, lo que, según expresó, "viola todas las garantías de democracia sindical y de normal funcionamiento".
Para dejar constancia de la situación, los integrantes de ATE contaron con la presencia de una escribana pública nacional, que certificó la falta de realización de la reunión convocada.
"Queríamos que quedara registro de que fuimos citados a una reunión que no se llevó a cabo", precisó Campos.
Reincorporación
Por su parte, Marquesoni explicó que uno de los temas que iban a tratar era la reincorporación a sus cargos en la comisión, ya que —según afirmó— sus supuestas renuncias fueron falsificadas, y aventuró que esa podría ser la causa de la negativa a reunirse.
"Nos apartamos transitoriamente, sin fecha. Cuando intentamos volver, nos encontramos con que se habían falsificado las actas. Eso derivó en una judicialización del conflicto, iniciada por los hechos cometidos por el propio grupo de conducción", sostuvo.
El dirigente también mencionó que existen denuncias de maltrato laboral. "Una compañera que cumplía funciones como secretaria administrativa denunció malos tratos por parte de la secretaria general Nora Poblet", informó.
Asimismo, añadió que otros integrantes del gremio y del Consejo Directivo Provincial también fueron acusados por hechos similares. "Se suman denuncias contra Rodrigo Fuentes Aguilera y Leonardo Videla por maltrato a trabajadoras. Ahora se agrega la denuncia de Ivana Montenegro, compañera de Salud Mental, por malos tratos recibidos directamente de Poblet", indicó.
Marquesoni remarcó que la denuncia fue presentada por escrito ante la dirección y supervisión del hospital, y también ante la Fiscalía, lo que, según afirmó, "refuerza la gravedad de la situación".
Tanto Campos como Marquesoni insistieron en que buscan "la recuperación de la normalidad institucional del gremio, el respeto al estatuto y un funcionamiento democrático".
Antecedentes
La situación gremial de ATE General Pico mantiene una extensa interna desde hace tiempo. En junio pasado, Marquesoni había denunciado graves irregularidades en la conducción de Poblet, acusándola de mentir, incorporar a personas "a dedo" y amparar a un empleado condenado por delitos sexuales.
El dirigente, integrante de la lista Celeste y Blanca, fue apartado junto a Campos de la Comisión Directiva luego de que Poblet afirmara que ambos habían renunciado. Incluso, en una ocasión fue retirado por la Policía de la sede gremial, a pedido de la secretaria general.
Sin embargo, la Justicia dispuso la reinstalación de ambos en abril pasado, luego de una acción de amparo sindical presentada por los dos dirigentes. El juez laboral Miguel Aragonez ordenó la reincorporación provisoria de Campos y Marquesoni a la Comisión Directiva hasta que se resuelva el fondo del conflicto y dispuso el secuestro de documentación para determinar si existieron o no renuncias firmadas.
En aquella oportunidad, los dirigentes sostuvieron que nunca habían renunciado y acusaron a la secretaria gremial Rosana Yanina Hernández de falsificar el Libro de Actas, lo que —según expresaron— dio origen a la judicialización del conflicto.
