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EL DIARIO digital
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Un abogado de General Pico fue formalizado ayer imputado por falsificar recibos de alquiler y presentarlos en un proceso civil para evitar ser desalojado de un inmueble donde funcionaba su estudio jurídico. La Fiscalía sostuvo que los documentos habían sido alterados para aparentar pagos actuales con el objetivo de engañar a la jueza y mantener la ocupación del inmueble sin contrato vigente.
En la sala de audiencias N° 4 del Palacio de Tribunales piquense, el juez de Control Alejandro Gilardenghi encabezó la audiencia de formalización con la participación del fiscal adjunto Matías Juan. El expediente, identificado como Legajo 98.567, lleva la carátula "Ministerio Público Fiscal c/ Arnaudo Daniel Matías s/ falsificación de instrumento privado, uso de instrumento privado falso y tentativa de estafa".
Según la acusación, Arnaudo habría adulterado dos recibos de alquiler correspondientes a un contrato anterior, modificando fechas y montos para simular pagos recientes y así justificar la ocupación del inmueble ubicado en calle 20 N° 816, propiedad del arquitecto Ricardo Héctor Deballi.
El fiscal describió que uno de los comprobantes, originalmente fechado el 9 de agosto de 2024 por 300.000 pesos, "fue modificado para aparentar ser de septiembre de 2025 y elevar la cifra a 1.300.000 pesos". Otro recibo, emitido en enero de 2025 por 371.000 pesos, "se adulteró agregándole un '1' adelante, para hacerlo figurar como 1.371.000 pesos", añadió.
Ambos documentos fueron presentados en el expediente civil N° 90.938 (Deballi c/ Arnaudo s/ acción meramente declarativa), tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3, en el marco del reclamo del propietario para recuperar el inmueble.
Juan sostuvo que "el abogado intentó hacer creer al tribunal que los pagos estaban al día, cuando el denunciante desconocía por completo esas modificaciones". Consideró que las maniobras "configuran una tentativa de estafa procesal, porque buscó engañar a la jueza civil para quedarse en el inmueble sin contrato vigente".
Durante la audiencia, Arnaudo —quien se representó a sí mismo— planteó dos excepciones: la falta de jurisdicción y la falta de acción. El juez dispuso que ambos planteos sean tramitados por las vías procesales correspondientes.
El fiscal no pidió medidas de coerción, pero solicitó que se remitiera copia del acta al Colegio de Abogados de La Pampa para que el Tribunal de Ética y Disciplina evalúe el accionar profesional del imputado, según el Decreto Ley 3/62 modificado por la Ley 456.
El acto judicial se concretó luego de que el juez dispusiera el traslado compulsivo de Arnaudo por la fuerza pública, ya que horas antes había presentado un escrito pidiendo suspender la audiencia alegando "un cúmulo de tareas" sin especificar cuáles.
Engaño a una jueza
En una entrevista posterior a la audiencia, el fiscal Juan destacó que "no es solamente grave la falsificación, sino la intención de engañar a una jueza civil con un documento adulterado para que falle a favor de él en un proceso patrimonial".
En diálogo con el portal En Boca de Todos, consideró que "los recibos claramente muestran alteraciones en los montos y las fechas; habrá que hacer una pericial caligráfica, pero es una adulteración burda". "El daño quizás es mayor por su condición de abogado, conocedor de las leyes, que obró de esta manera en un proceso civil con recibos burdamente adulterados", agregó.
Sobre la evolución del conflicto, explicó que "hubo flexibilidad por parte de la Fiscalía para permitir una negociación entre las partes, buscando que desocupe el inmueble sin reclamos económicos", pero advirtió que "pasó el tiempo y no lo hizo; siguen sus pertenencias allí, el denunciante no puede disponer del inmueble, y por eso pedimos la formalización".
Y precisó que "terminó siendo formalizado por adulteración de instrumento privado y por una suerte de lo que se llama en la doctrina estafa procesal, que es intentar engañar a una jueza en un proceso con algún resultado patrimonial".
Foto: EnBocadeTodos.
