Hospital Garrahan: nuevo aumento salarial
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) ratificó el pasado 23 de octubre la prisión domiciliaria para el médico forense Juan Carlos Toulousse, condenado en el juicio por la falsificación de certificados médicos en complicidad con el médico cirujano Jorge Rigutto.
En julio del 2024, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa sentenció a Rigutto a tres años y seis meses de prisión efectiva y a Toulouse a cuatro años de prisión efectiva. El Tribunal integrado por Los jueces Gastón Boulenaz, Daniel Sáez Zamora y Aníbal Olié también aplicó inhabilitación perpetua para Toulouse para el ejercicio de la función pública.
En agosto de este año, el juez Edgardo Javier Trombicky otorgó la prisión domiciliaria que había solicitado la defensa del forense, argumentando problemas de salud.
La fiscala de Ejecución Penal, Marisol Rodríguez, apeló la decisión rápidamente, ya que consideró que el juez no fundó debidamente la medida y, además, que la decisión tuvo efecto inmediato y no esperó el plazo para ver si la fiscalía impugnaba o no la resolución. También planteó que si el detenido necesita tratamiento médico sea trasladado al penal de Ezeiza o Marcos Paz.
El pasado 23 de octubre, la Sala B del TIP, integrada por los jueces Mauricio Piombi y Paola Frigerio, ratificó la prisión domiciliaria para Toulousse, quien estuvo detenido en Winifreda hasta agosto de 2025.
En la apelación, la fiscala Rodríguez manifestó que "ninguna de las patologías crónicas que padece el condenado de autos lo habilita para acceder a la prisión domiciliaria habida cuenta que son todas susceptibles de ser tratadas en el marco de una condena de efectivo cumplimiento, lo cual constituye un obstáculo a la excepcionalidad del cambio de modalidad del cumplimiento de pena, es decir, la prisión domiciliaria".
La funcionaria judicial agregó que, en todo caso, el condenado "deberá ser alojado en un establecimiento del SPF que brinde una atención médica acorde a las patologías que presenta".
Rodríguez sostuvo además que "las penas se imponen para ser cumplidas. Si existe algún establecimiento más adecuado que otro para alojar a una persona deberá estarse a ello y no hacer lugar a la excepcionalidad que prevén las normas analizadas".
Ante la ratificación de la medida, la fiscala Rodríguez presentará un recurso en Casación para revisar la medida.
