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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – La Corte Suprema de Justicia revocó la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos Ernesto Castillo, condenado a perpetua, abriendo la polémica puerta al beneficio de la domiciliaria para otros genocidas sin condenas firmes. Entre las víctimas de Castillo hay tres pampeanos, incluido el sindicalista piquense Salvador "Pampa" de Laturi, padre de un reconocido militante de DD.HH. radicado en la ciudad norteña.
El fallo de la Corte, que genera fuerte controversia en los organismos de Derechos Humanos, concedió la prisión domiciliaria a uno de los cabecillas del grupo parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU). De esta manera, el "Indio" Castillo, quien fue condenado a prisión perpetua, esperará la resolución de otras causas por más delitos perpetrados durante la última dictadura en su casa.
La decisión de los máximos jueces de la Nación se interpreta como un peligroso precedente, que abre la puerta a que otros represores que aún no tienen condenas firmes puedan acceder a la misma morigeración de la pena.
Castillo, detenido desde diciembre de 2013 y actualmente alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, es señalado por haber comandado el grupo parapolicial que operó con extrema violencia secuestrando y asesinando a militantes, estudiantes y sindicalistas en La Plata entre 1975 y 1976. Además, está tristemente asociado con el liderazgo del grupo de tareas que concretó el operativo conocido como "La Noche de los Lápices" en septiembre de 1976.
Pampeanos
El grupo CNU liderado por Castillo está directamente vinculado con el secuestro y asesinato de al menos tres pampeanos. El 13 de enero de 1976, el piquense Salvador "Pampa" de Laturi, sindicalista en la empresa Propulsora Siderúrgica, fue secuestrado junto al obrero Carlos Scafide y sus cuerpos fueron hallados asesinados en un descampado. Salvador era el padre de Carlos de Laturi, conocido militante de Derechos Humanos en General Pico.
Días después, el 18 de enero de 1976, el mismo grupo secuestró al joven Sergio García, nacido en Eduardo Castex y estudiante de Veterinaria, hijo del senador Faustino García, cuyo cadáver también fue encontrado después.
Finalmente, el 19 de febrero de 1976 fue secuestrado y acribillado en las afueras de La Plata Daniel Rayson, oriundo de General Pico, estudiante de Ingeniería en la UCA y también trabajador de Propulsora Siderúrgica de Ensenada. Su hermana, Graciela Rayson, presenció el operativo del grupo paramilitar y fue testigo clave en 2017 en el juicio contra Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, a quienes señaló como responsables del crimen.
Fallo y polémica
La condena a prisión perpetua contra Castillo por los crímenes del CNU fue dictada por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en 2017. Sin embargo, el fallo de la Corte resulta polémico y contradictorio: indica que los represores no pueden permanecer detenidos sin condenas firmes por un tiempo prolongado, pero es el mismo organismo el que demora la revisión y confirmación de estas sentencias durante años, impidiendo que los procesos concluyan.
La lectura generalizada es que, con esta decisión, la CSJN otorga una ventaja procesal a los genocidas, muchos de los cuales están siendo juzgados actualmente, como Castillo, que se encuentra en el banquillo en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y exterminio platense "1 y 60" y pronto lo estará en un segundo proceso por delitos del CNU.
