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EL DIARIO digital
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La Provincia de La Pampa participó este jueves de una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia en el marco de la demanda que presentó contra el Estado Nacional por el incumplimiento en el financiamiento del sistema previsional pampeano. El encuentro fue convocado por el máximo tribunal tras la presentación de una medida cautelar "urgente" realizada por el gobierno de Sergio Ziliotto, ante la imposibilidad de seguir financiando el déficit generado por la falta total de transferencias desde el 10 de diciembre de 2023.
Durante la audiencia realizada en la sala Carmen Argibay de la Corte los representantes del Estado Nacional reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a avanzar en las auditorías necesarias para determinar los montos adeudados. Con este avance, la Corte dispuso un cuarto intermedio y abrió un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos consoliden la información y trabajen en un posible acuerdo conciliatorio. La próxima audiencia quedó fijada para el 10 de diciembre.
La comitiva provincial estuvo encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto, acompañado por el ministro de Economía, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario general de la Gobernación, José Vanini; y los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand. Por el Estado Nacional participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de ANSES, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
El gobernador Ziliotto expresó en X que La Pampa "sigue reclamando lo que le corresponde" y "sigue defendiendo" el financiamiento del sistema previsional, que desde fines de 2023 ha quedado a cargo exclusivamente de la Provincia y, en menor medida, de los municipios.
Según datos oficiales, el Instituto de Seguridad Social (ISS) no recibió ningún aporte nacional desde el inicio del actual gobierno, lo que obligó al Estado pampeano a cubrir el déficit previsional con recursos propios. Solo en 2025, el Presupuesto provincial destinará $145.000 millones sin actualización para garantizar el pago de jubilaciones, de los cuales el 11% proviene de aportes municipales.
La Provincia advirtió que la falta de transferencias, sumada a la eliminación de artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban las obligaciones de pago, la ausencia de auditorías y adelantos mensuales previstos por ley, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema. A ello se suma el impacto de la recesión económica y el incumplimiento de convenios de obra pública, que debieron ser afrontados con fondos provinciales.
Aunque La Pampa ya había presentado una demanda judicial en 2024, este año solicitó una medida cautelar urgente para evitar un deterioro mayor del sistema previsional. La audiencia de hoy representó el primer avance concreto en la causa, con el reconocimiento del reclamo por parte del Estado Nacional y la apertura de una instancia para negociar un acuerdo.
El Gobierno provincial destacó que continuará "defendiendo los derechos previsionales de las y los pampeanos" mientras avanza el proceso ante la Corte Suprema.