Tercera jornada del Programa X + Derechos en La Adela
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EL DIARIO digital
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Una grave crisis institucional se desató en la localidad de Santa Isabel, donde el intendente Guillermo Farana y el Concejo Deliberante se encuentran enfrascados en un cruce de denuncias penales. El conflicto se originó a partir de un reclamo de deuda de un proveedor por $60.5 millones, que el jefe comunal considera un intento de estafa.
La situación comenzó cuando un comerciante, Hugo Darío Conde, envió al Concejo una factura por más de $60 millones, argumentando una supuesta venta de mercaderías al municipio. El Concejo Deliberante, en una decisión polémica, aprobó una ordenanza que intimaba al intendente a pagar la deuda de su propio bolsillo. La norma, votada por cinco concejales (tres de Cambiemos y dos del PJ), deslindó de responsabilidad a las arcas municipales.
El intendente Farana reaccionó de inmediato, enviando una carta documento a Conde en la que negó "rotundamente cualquier transacción comercial" y anunció una denuncia penal por "intento de estafa extorsiva". En su respuesta, Farana afirmó que el reclamo carece de fundamento y de documentación que lo respalde.
Simultáneamente, el jefe comunal emitió una resolución municipal para rechazar la ordenanza del Concejo, acusando a los ediles de una "injerencia indebida".
Farana fue más allá, presentando una denuncia penal contra Conde y los cinco concejales que aprobaron la norma. En su presentación, el intendente pidió a la Justicia que investigue una "connivencia evidente" que podría configurar los delitos de estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La tensión política en Santa Isabel, marcada por constantes rechazos a propuestas del Ejecutivo, ha escalado a un nivel sin precedentes, poniendo en peligro el equilibrio de la gestión municipal. El intendente considera que la conducta de los concejales "no sólo configura un abuso de poder", sino que podría estar orientada a "favorecer intereses espurios".
