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EL DIARIO digital
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Se efectuó organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) el 94° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN en simultáneo con el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria.
Los análisis del organismo y puesta en común de diversos temas giró en torno a la situación presupuestaria del sistema.
El presidente y rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa compartió con sus colegas información sobre las acciones que posibilitaron la aprobación de la ley de financiamiento, que el Poder Ejecutivo aseguró que vetará. "Nos toca actuar y trabajar en conjunto, internamente en nuestras universidades y con la sociedad, porque solo con un presupuesto nacional se garantiza la autonomía y la autarquía", alentó y repitió la consigna ya viralizada: si hay veto, hay nueva marcha federal universitaria.
Que haya presupuesto
El plenario resolvió solicitar formalmente al Gobierno nacional que el país cuente con una ley de presupuesto nacional que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado.
En ese sentido, se agrega el pedido al Poder Ejecutivo y al Legislativo nacional de que incluyan un monto mínimo de 7,32 billones de pesos para el sistema universitario. Este cálculo actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023, siguiendo los criterios establecidos en la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, e incorpora una mejora específica para gastos de funcionamiento.
Esta solicitud no contempla aún la inflación ni las actualizaciones salariales de lo que resta de 2025, ni incluye recursos para ciencia, técnica y arte, infraestructura, equipamiento o planes de becas. Estos reclamos se mantendrán vigentes y serán reiterados en todas las instancias correspondientes.
El CIN reafirma que contar con una ley de presupuesto nacional aprobada por el Congreso es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país.
La vigencia de la Ley 27.795
En otra declaración el CIN solicitó la vigencia de la Ley 27.795 y la recomposición del salario docente.
Ante " la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma", dijeron los rectores y rectoras.
Esa ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, "asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto", señala el documento.
Indica que "el millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento".
"Hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones", reflejaron desde el CIN.
"La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra nación. Desde los primeros pasos de la Argentina independiente, surgieron escuelas públicas para difundir la educación y fortalecer la identidad nacional", asevera el documento.
