Ravier, en silencio por las coimas, celebra que Milei echó 55 mil estatales
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EL DIARIO digital
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El caso por el violento robo e incendio en el campo "Don Cacho Talmón", ocurrido en noviembre de 2023 en San Martín, tuvo un cierre judicial distinto para cada uno de los acusados. Mientras que Marcelo Olmedo, Carlos Villalba y Bruno Lezcano fueron condenados a través de un juicio abreviado, el cuarto imputado, Jonathan Nicolás Orozco, fue absuelto, y esa decisión fue confirmada primero por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) y luego por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La banda había ingresado a la vivienda rural en la madrugada, tras forzar una puerta, y robó armas, electrodomésticos, bombas de agua, garrafas y otros elementos. Antes de retirarse, incendiaron la casa, que quedó totalmente destruida.
La absolución de Orozco
En el juicio oral, el juez Carlos Besi absolvió a Orozco al entender que no había pruebas suficientes para condenarlo. La Fiscalía apeló, pero tanto el TIP como el STJ coincidieron en que la acusación no alcanzó a superar la presunción de inocencia.
El fallo del TIP remarcó que los testimonios resultaron contradictorios: una testigo primero confundió a Orozco con otra persona de nombre similar; otro testigo lo mencionó pero sin datos firmes; y hubo dudas sobre la credibilidad de un tercero condenado por encubrimiento.
Además, los videos de cámaras de seguridad y las huellas de neumáticos no permitieron identificar con claridad el auto de Orozco ni su participación en los hechos.
Incluso, el tribunal resaltó que era materialmente imposible trasladar en su Renault Clio a cuatro personas y todos los elementos robados, como lavarropas, garrafas y armas.
Con estos elementos, el TIP sostuvo que la Fiscalía sólo aportó indicios y sospechas, pero no pruebas "graves, precisas y concordantes" que permitieran condenar. Por eso, aplicó el principio de in dubio pro reo y confirmó la absolución.
Condenas firmes
A diferencia de Orozco, los otros tres imputados reconocieron su responsabilidad y fueron condenados a 5 años de prisión en un juicio abreviado. Esa diferencia en las resoluciones muestra que la Justicia pampeana distinguió claramente entre pruebas sólidas y meras sospechas.
