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EL DIARIO digital
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La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa recomendó aplicar una suspensión de 30 días sin goce de haberes al agente judicial José Manuel Sansón, quien se desempeña como médico forense en la Primera Circunscripción Judicial, por haber solicitado licencia por enfermedad en el Poder Judicial mientras continuaba trabajando en el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro.
El caso se tramitó bajo el expediente Nº 09/2024, iniciado a partir de un sumario administrativo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La investigación estableció que Sansón, reincorporado a la Oficina Forense en diciembre de 2023 tras más de dos años de licencia sin goce de haberes, presentó certificados médicos por problemas cardíacos y psicológicos y solicitó nuevas licencias.
Sin embargo, un informe del Hospital Favaloro reveló que durante el mismo período el agente mantuvo asistencia plena y realizó guardias médicas en ese centro de salud, donde también cumple funciones por una autorización especial concedida años atrás por el STJ.
La FIA consideró probado que Sansón violó los artículos 23 inciso a), 146 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 2574, al incumplir sus deberes como empleado judicial. "No hay constancia de que el Poder Judicial le haya autorizado a trabajar en otro organismo mientras gozaba de licencia médica", se destaca en la resolución.
En su defensa, Sansón explicó que padece estrés postraumático y problemas cardíacos desde un infarto sufrido en 2018 durante una autopsia, y que sus licencias buscan evitar tareas que agraven su cuadro. Alegó que su actividad en el hospital se limita a funciones administrativas sin exposición a situaciones de estrés.
Pese a considerar grave la irregularidad, la FIA valoró los antecedentes y recomendó una sanción menor a la cesantía: suspensión por 30 días sin sueldo. Además, sugirió al Superior Tribunal la realización de una junta médica integral para definir en qué funciones puede continuar el agente.
La resolución ahora deberá ser evaluada por el Superior Tribunal de Justicia, que tiene la última palabra sobre la sanción.
