Imputado por intento de homicidio seguirá preso

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Kevin Agustín Suárez Rivas, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. La resolución, dictada por la Sala B del STJ, confirmó la prisión preventiva que le fuera impuesta y negó el pedido de arresto domiciliario, por considerar que la medida cautelar se encuentra debidamente justificada en riesgos procesales concretos.

El abogado defensor, Boris Vlasich, había cuestionado la resolución del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que a su vez había ratificado lo resuelto por la jueza de control de la Tercera Circunscripción Judicial. En la audiencia de reexamen de medidas de coerción del 6 de junio de este año, la magistrada había prorrogado por 90 días la prisión preventiva, y desestimado la solicitud de morigerarla mediante un arresto domiciliario.

Entre los argumentos esgrimidos en el recurso de casación, la defensa sostuvo que no se había explicado cómo su asistido podría influir o amedrentar a los testigos, que ya habían declarado tanto en sede policial como ante el Ministerio Público Fiscal. También alegó que Suárez tenía arraigo en General San Martín, que no contaba con medios para fugarse y que el hecho por el cual está imputado se originó en una pelea que no habría iniciado.

Además, denunció presiones por parte de la Fiscalía para forzar a Suárez a aceptar un juicio abreviado bajo amenaza de recibir una pena mayor en debate oral. Señaló también supuestas irregularidades médicas que habrían agravado las lesiones de la víctima, y presentó un informe habitacional que daba cuenta de la posibilidad de cumplir con el arresto domiciliario en su localidad de origen.

Sin embargo, el STJ consideró que los planteos defensivos no alcanzaban a configurar una cuestión constitucional que habilitara la vía del recurso de casación. Los jueces recordaron que la medida de coerción fue dispuesta en función de elementos de convicción suficientes y de peligros procesales claramente establecidos, como el riesgo de entorpecer el proceso judicial o amedrentar a los testigos.

"El proceso de decisión respondió a las exigencias del caso y bajo ningún punto de vista implica una forma de condena anticipada", señala la resolución del máximo tribunal pampeano. También descartó que existiera arbitrariedad o falta de motivación en el pronunciamiento cuestionado, y sostuvo que la defensa no introdujo una crítica jurídica adecuada que desacreditara la construcción del peligro procesal.