Tres heridos en un incendio provocado por un tender en General Pico
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
"La iniciativa fue fundamentada en la necesidad de visibilizar un escenario que, lejos de resolverse, se agrava con decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo provincial, y que repercute directamente en la calidad educativa, el clima institucional y los derechos de quienes sostienen cotidianamente la escuela pública", afirma el legislador radical.
"El reclamo docente es legítimo y urgente", dijo Aguilar en los fundamentos del proyecto. "Los aumentos otorgados por el Ejecutivo resultan insuficientes para cubrir el costo de vida, y además profundizan desigualdades históricas dentro del sistema. A ello se suma la sobrecarga de tareas impuesta sin diálogo previo, así como situaciones de presión institucional que vulneran derechos laborales básicos", afirmó.
El proyecto destaca una serie de reclamos puntuales, entre ellos:
· Un aumento salarial efectivo, superior a lo ya concedido, con carácter remunerativo y bonificable.
· Una compensación provincial ante la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los fondos de conectividad.
· La urgente actualización del nomenclador de cargos para escuelas hogares y de jornada completa.
· Mecanismos efectivos de protección laboral, ampliando el Acuerdo Paritario N.º 138.
· Tiempo institucional adecuado en el nivel secundario, para garantizar una planificación pedagógica viable.
· Reglamentación y fortalecimiento de la modalidad inclusiva, con respaldo a las Escuelas de Apoyo a la Inclusión y a las carreras de formación docente.
El legislador remarcó que la educación no puede ser pensada como un gasto, sino como una inversión estructural. "Los docentes están en la primera línea del Estado, frente a las múltiples crisis que atraviesan nuestras comunidades. No escucharlos es debilitar todo el sistema", afirmó.
Finalmente, llamó a acompañar institucionalmente el reclamo, no solo por convicción política, sino por el mandato constitucional que obliga a los representantes a garantizar el derecho a una educación pública de calidad.
