Subsidios: cuestionan vinculación de una funcionaria con una fundación

En la Comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de La Pampa se llevó a cabo ayer la reunión solicitada por la diputada Gisela Cuadrado (UCR) para analizar el destino de los fondos públicos transferidos a diversas fundaciones a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Durante la jornada participaron el ministro Diego Álvarez y representantes de las fundaciones Wetrache, Ayudándonos, Cosecha Completa, Asociación Civil Rumen y Asociación Civil Otto Krause, quienes brindaron informes preliminares sobre las tareas de contención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La legisladora radical resaltó la importancia del encuentro y afirmó: "La transparencia en la utilización de los fondos públicos es una obligación. Cuando se administran recursos estatales, la información debe ser completa y accesible para la ciudadanía. No puede haber políticas sociales sin control efectivo y fiscalización continua por parte de las autoridades competentes".

Entre los temas abordados, se solicitó información precisa sobre los convenios firmados en diciembre de 2023 y ratificados en enero de 2024, así como sobre los subsidios mensuales, que alcanzan hasta 75 millones de pesos por institución. Sin embargo, surgieron serias observaciones respecto al manejo de la documentación.

"Se detectaron rendiciones de subsidios presentadas fuera de los plazos establecidos, con casos en los que los fondos fueron otorgados en abril y mayo de 2024, pero recién rendidos en diciembre y enero de 2025, luego de reiteradas intimaciones", indicó la legisladora.

"Asimismo, se observaron honorarios excesivos, múltiples objeciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y posibles conflictos de interés entre una funcionaria pública y una de las fundaciones involucradas", agregó en referencia a María Marta Viglino, integrante del equipo de Desarrollo Social y esposo del presidente de una de las fundaciones.

Cuadrado remarcó que "la gestión de recursos públicos exige un control y una fiscalización integral por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos", y recordó que el Tribunal de Cuentas ya señaló esta obligación en una de sus sentencias más recientes. En ese marco, reiteró que el objetivo de los convenios es "garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tal como establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia".

La diputada resaltó el acompañamiento y trabajo conjunto con todos los diputados no oficialistas, y anunció que dará intervención al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que supervise a las instituciones involucradas —una competencia prevista en la ley 2.703— y solicitará que, en su informe anual a la Cámara de Diputados, se incluyan los resultados de dichas supervisiones. Además, presentará una nota ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que "evalúe y dictamine sobre la posible incompatibilidad de funciones de una de las funcionarias mencionadas".

Finalmente, Cuadrado exigió "mayor razonabilidad en el uso de los recursos públicos y rendiciones en tiempo y forma".

Este martes, miércoles, en diálogo con El Diario, la diputada adelantó que la semana que viene hará una presentación en la FIA. "Se habló mucho del tema en la comisión de ayer... el ministro Álvarez dice que no hay incompatibilidad, el Tribunal de Cuentas dice que si hay incompatibilidad. Yo propuse que mandemos el tema a la FIA para que dictamine", indicó.