Firman acuerdo paritario para trabajadores de Salud del Hospital Favaloro
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EL DIARIO digital
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Uno de los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, durante una extensa indagatoria, negó este martes la acusación de maltrato y hotigamiento laboral sobre secretarios y empleados de ese lugar, y atribuyó la denuncia en su contra a un complot para sacarlo del cargo.
Este martes declara en indagatoria el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, acusado por violencia y hostigamiento laboral, una denuncia impulsada por tres secretarios.
La indagatoria ya se suspendió tres veces. La última hace dos semanas, porque el sistema de registro audiovisual del Juzgado Federal falló. Díaz Lacava había dejado en claro al inicio de la jornada que iba a declarar y no usaría el derecho a mantener silencio del que goza todo imputado. Este martes dio rienda suelta a su verborragia.
En forma general, el magistrado rechazó las acusaciones y consideró que la denuncia de los tres secretarios del juzgado en su contra, obedeció a parte de un complot para alejarlo del cargo. Detalles más, detalles menos, su defensa giró sobre esa línea.
El magistrado había logrado postergar la indagatoria el pasado 11 de abril, cuando planteó una recusación del juez Baric. El juzgado antes había postergado la primera fecha para el trámite, que era el 28 de febrero. La Cámara Federal de Bahía Blanca le rechazó la recusación de Baric el pasado 3 de mayo.
La medida de indagatoria la habían solicitado en su momento el fiscal general Horacio Azzolín y la fiscal federal Iara Silvestre, y también el defensor oficial de víctimas, Martín García Ongaro, en representación de los denunciantes.
Los delitos que se le imputan al magistrado son: amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.
En la causa, colaboraron la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En base a la prueba producida, en el llamado a indagatoria Baric, explicó que el pedido se "encuentra sustento en que en esta etapa del proceso se requiere la concurrencia de elementos probatorios suficientes para producir sospecha, aún no definitivos ni confrontados, sino orientados al avance del proceso y a la posibilidad del ejercicio de la defensa material por parte del sindicado".
La denuncia de los tres secretarios se hizo en abril del año pasado. "Vivíamos un infierno", sintetizaron los tres denunciantes. El escrito original llegó acompañado por una nota de los otros dos jueces del TOF, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron la denuncia. Diez días antes se habían reunido con el juez para reclamarle que cesara en sus actitudes, pero, aparentemente, no hubo eco. El juez Baric dictó una restricción de acercamiento de Díaz Lacava, que no puede ingresar al edificio a partir de esto.
La investigación avanzó lentamente durante el año pasado. En forma paralela, también se abrió una investigación en el Consejo de la Magistratura.
