Biomasa: suspendieron la audiencia pública en Lonquimay

Luego de una serie de reclamos -entre ellos un escrito enviado por los diputados radicales al subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli- el Gobierno Provincial decidió suspender la audiencia pública programada para este martes en Lonquimay, relacionada con la planta generadora de energía por biomasa.

En la fundamentación de la decisión, dijo que la programación de la audiencia pública se hizo "conforme a derecho" y que "se merituó que un mayor involucramiento de todos los sectores potenciará un mejor análisis del proyecto y clarificará los enormes beneficios ambientales que conlleva".

También sostuvo que "atento a una problemática que afecta a todo el territorio pampeano, como es la gestión de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos, el Gobierno diseño un proyecto tendiente a su puesta en valor a partir de la concreción de una Planta Generadora de Energía".

"El principal objetivo es evitar la prosecución de un manejo dificultoso de los residuos urbanos y avanzar en una solución ambientalmente sustentable y, al mismo tiempo, reconvertir un pasivo ambiental en energía alternativa", añadió.

El Gobierno también recalcó que "para avanzar en la concreción del proyecto se requirió el financiamiento internacional, que, tal como lo establece la normativa provincial, demanda la realización de una audiencia pública que garantice la participación ciudadana en el proceso".

"La evaluación de impacto ambiental de la Planta de Energía, a partir del manejo de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos, se sustentó jurídicamente en la Ley 1914 y su decreto reglamentario que se encontraban vigentes al momento de la presentación de la iniciativa", aseveró.

"Desde el inicio del proyecto, algunos sectores políticos del ámbito provincial, han planteado múltiples objeciones al mismo que, como se dijo anteriormente, solo busca resolver un problema que aqueja a todos los municipios pampeanos, como es la gestión de los residuos sólidos urbanos", sostuvo.

Además, recordó que "en primer término se objetó la localización geográfica en el territorio y se resolvió trasladarlo a Lonquimay. Hoy se cuestionan los procedimientos de difusión de la información que desembocaría en la audiencia pública y, se ha requerido más tiempo para estudiar el proyecto en profundidad".

"Vale mencionar que la información requerida es pública desde el pasado 22 de julio, a pesar de lo cual y con el espíritu de permitir el más amplio y serio debate sobre esta política pública, la subsecretaría de Ambiente decidió postergar la realización de la audiencia pública prevista para mañana martes 9 de agosto en Lonquimay", subrayó.

"Si bien el plazo de publicidad de la información necesaria para la realización de la Audiencia Pública es el previsto por el marco legal que las regula, se resolvió ampliar ese plazo para que los sectores comprometidos con el medio ambiente puedan informarse acabadamente sobre el proyecto y formular los aportes que consideren necesarios", concluyó.

Documentación

"Creemos conveniente y solicitamos la suspensión de la misma por varios motivos. En primer lugar, de la documentación subida a la página de la Secretaría de Energía se advierte que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto está basada, inexplicablemente, en la ley 1.914 y su decreto reglamentario 2.139/03, la cual fue derogada en el mes de diciembre de 2019 por la Ley Ambiental Provincial 3.195", dijeron los diputados radicales en el escrito enviado a Titarelli al que tuvo acceso El Diario.

"Esta ley, además, complementa la Ley General del Ambiente de Nación N° 25.675 (sancionada con posterioridad a la Ley 1.914), ley de Presupuestos Mínimos, que recoge los lineamientos de los tratados internacionales en la materia. Es decir, la EIA ha sido realizada en base a una ley derogada que no sigue los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente. Demás está decir, que por tratarse de un proyecto financiado por el BID, el estricto cumplimiento de la normativa en materia ambiental resulta un requisito indispensable para la ejecución del proyecto", explican los legisladores radicales.

Y agregan: "además de ello, la documentación relacionada con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, no fue puesta a disposición en forma abierta, como hubiera correspondido, en la Subsecretaría a vuestro cargo, conforme el art. 10 y cc. de la Ley Ambiental Provincial N° 3.195. El hecho de haber podido consultar el expediente en horario administrativo en las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente en modo alguno satisface la obligación de publicidad de este tipo de información, pues resulta sumamente dificultoso el acceso a la misma para los interesados del interior de la provincia. En plena era de las Tecnologías de la Información, la Comunicación e Internet dicha información debió ser colgada en la página web de la misma, como autoridad de aplicación en materia ambiental".

"A mayor abundamiento la cuestión ambiental no reconoce límites políticos, con lo cual lo interesados en conocer toda la información relacionada con los efectos ambientales del proyecto, pueden no ser sólo los vecinos de la localidad de Lonquimay,sino del resto de las localidades que integran las microrregiones involucradas 1, 2, 6 y 7", señalan en otra parte del texto.

También aseveran que "el art. 41 de la ley 3.195 en consonancia con la Ley General de Ambiente 25.675 y los Tratados Internacionales, establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general".

"Asimismo, en su art. 42 establece que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Claramente, participar en una audiencia pública sin contar previamente con la información adecuada, torna ineficaz la misma y la transforma en una mera formalidad a cumplir", continúan.

"Sin perjuicio de lo expuesto, hemos sido testigos de la enorme dificultad para hacer la inscripción en la página web para poder participar en la Audiencia Pública, lo cual, de tener que ser un trámite ágil y sencillo para fomentar la participación, se convirtió en un impedimento para ello", concluyen.

Detalles

La planta de biomasa que se instalaría en la localidad tiene como objetivo aprovechar la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en las microrregiones 1, 2, 6 y 7, mediante la gasificación del combustible sólido recuperado (CSR,produciendo gas de síntesis o "Syngas" como combustible de motogeneradores para la generación de energía eléctrica.

La planta de generación de energía a partir de CSR, permite además la gasificación de biomasa. Con una capacidad de diseño para gasificar 60 toneladas/día de residuos. De acuerdo al proyecto, la planta se instalará en un predio distante a 4,2 kilómetros al este de Lonquimay, abarcando una superficie de 4,5 hectáreas aproximadamente.

Los impactos identificados sobre el medio natural, tanto físicos como biológicos, en relación al aire, están relacionados a las posibles emisiones de ruidos, material particulado, vibraciones y emisiones gaseosas asociadas al desmonte y al movimiento de suelo, nivelación, el tránsito de vehículos pesados, el funcionamiento de la maquinaria, y demás movimientos requeridos para la construcción y el transporte de CSR/Biomasa.

La iniciativa estima que los impactos sobre el suelo se vinculan en la etapa de construcción y emplazamiento por las acciones de nivelación y compactación, por lo que el impacto es considerado negativo de baja importancia.

En relación a la flora y fauna, se realizará una modificación parcial del medio, pero no se producirá una fragmentación en el ecosistema, ya que se trabajará sobre suelo agrícola. Según se indica en el proyecto, "habrá una modificación significativa del paisaje, debido a que la matriz del sitio está constituida por un paisaje rural. La afectación de las actividades sobre la estructura de la ocupación laboral será positiva. Habrá un considerable aumento de puestos laborales, tanto calificados como no calificados, para el área de influencia del emprendimiento".