Confirman que la doble vía en Pico estará lista a fin de año
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EL DIARIO digital
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El ofiicialismo estuvo ausente, pero la Legislartura sirvió de caja de resonancia para el polémico cierre que perjudicó a los trabajadores.
El abogado Javier Díaz explicó la situación de sus representados diciendo que "no venimos a suplir ninguna instancia judicial. Simplemente pedimos que se investiguen algunos hechos que se vienen sucediendo desde 2017 ya que todos los desmanejos ocasionaron serios daños a la ciudadanía y ustedes al ser elegidos por pueblo deben investigar estos hechos".
Díaz dijo no tener en claro si los trabajadores cobraron parte de la indemnización que les correspondía cobrar.
"En este cambalache todo se confunde. Para aplacar las aguas, los directores se comprometieron ante el organismo administrativo de trabajo a pagar el 50% de las indemnizaciones cuando aún no habían sido despedidos. Cuando los despiden, se procede a depositar en la cuenta de cada uno de ellos tres pagos insignificantes", dijo el abogado.
Explicó que "hoy en día el crédito tuvo parte de diferencias salariales, entonces interpreto que no hubo pagos en concepto de indemnización" y remarcó: "Fueron depositados sin decirles bajo qué concepto. Teóricamente fue así, pero no podemos determinarlo a ciencia cierta".
Sobre el rol del gremio, Díaz señaló que "el organismo homologó un supuesto acuerdo que incluso la misma Justicia dijo que no se trataba de un acuerdo".
El abogado dijo que hoy el frigorífico "está alquilado con el aval de la Justicia". Y que insólitamente "como representante legal no se me deja ser parte del expediente".
