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EL DIARIO digital
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La Unión Cívica Radical pretende que se organicen audiencias públicas para definir una "tarifa justa y transparente" del servicio de energía eléctrica.
Desde el bloque legislativo, Gisela Cuadrado y Javier Torroba presentaron un proyecto de ley que busca "garantizar la participación ciudadana y la transparencia" en la fijación de tarifas de servicios públicos en La Pampa. Toma como precedente el fallo "CEPIS" ("Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo") de la Corte Suprema-
Proponen en concreto que antes de fijar u homologar tarifas de electricidad, se realicen audiencias públicas para escuchar la opinión de los usuarios.
La iniciativa responde a la "necesidad de respetar los derechos constitucionales de los consumidores y de asegurar que cualquier aumento tarifario sea razonable, gradual y no afecte negativamente la economía de los pampeanos". "Las audiencias públicas brindarán un espacio de debate y transparencia, fortaleciendo así la legitimidad de las decisiones en materia de tarifas", indicó Cuadrado.
Además, la normativa busca "garantizar la razonabilidad de los aumentos tarifarios", respetando los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En La Pampa, destacan, se llevaron a cabo "aumentos significativos sin la realización de audiencias públicas ni la garantía de gradualidad, vulnerando los derechos de los usuarios".
Para el diputado Torroba, la gradualidad y la razonabilidad son criterios fundamentales que deben regir la política tarifaria, por lo que la iniciativa "garantiza que estos principios sean respetados, evitando aumentos desmedidos que afecten la economía de los pampeanos".
La legisladora piquense presentó un proyecto de resolución que busca indagar sobre los recientes aumentos tarifarios en La Pampa, cuestionando la "falta de transparencia y el impacto en la economía familiar y de las pymes". Este documento complementa el objetivo del proyecto de ley, buscando no sólo establecer un mecanismo de participación ciudadana sino también exigir responsabilidad y justificación en las decisiones tarifarias.
Los representantes provinciales con dichas iniciativas intentan proteger los intereses económicos de los ciudadanos y promover una gestión pública más participativa y equitativa, asegurando que las autoridades expliquen los alcances de los aumentos y conozcan la opinión de los usuarios.
