La tapa de EL DIARIO de hoy

  • Farmacias de turno del día 3 de julio de 2022

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 El diputado nacional de la UCR, Martín Berhongaray, consideró que el gobierno provincial debe acudir a la Corte para voltear Portezuelo del Viento. "Este gobierno nacional también nos quiere perjudicar, hay que sacarlo de la cancha. La obra es inviable", dijo.

"Este gobierno nacional juega muy fuerte para Mendoza", afirmó este viernes el diputado nacional de la UCR, Martín Berhongaray, consultado sobre el proceso de laudo presidencial acerca de la construcción de la obra de Portezuelo del Viento que, a pedido de Mendoza, abrió esta semana el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Berhongaray, que integra además la Fundación Chadileuvú, opinó que el gobierno provincial debe judicializar el conflicto desatado sobre la obra ya que sería "ridículo" confiar en un laudo del presidente Albero Fernández, ya que el gobierno nacional es "socio" del consorcio que eventualmente se adjudicaría la construcción.

En primer lugar, recordó que cuando el laudo se planteó durante la presidencia de Mauricio Macri, ya había sostenido que no se puede arbitrar sobre ninguna obra "sin tener la certeza técnica de que no va a provocar daño al ambiente". "No existe un estudio de impacto ambiental que diga que esto no va a contaminar", indicó en diálogo con El Diario.

"Esto lo dije antes y lo digo ahora, siempre fui consecuente, no como el gobierno provincial, que hasta hace pocos años apoyaba esta obra abiertamente. Yo estuve siempre en contra, y al principio prácticamente en soledad", punzó.

En segundo término, consideró "ridículo" que el presidente laude cuando "el estado nacional adquirió las dos terceras partes de las acciones de IMSA (Pescarmona), y lo hizo en sociedad con Mendoza, que adquirió una quinta parte". "El estado nacional se transformó de esa manera en integrante del consorcio adjudicatario de la obra, el único oferente de la licitación. La empresa china Sinohydro tiene el 46%, IMSA el 22%, Electromecánica el 16% y CEOSA el 16%"precisó.

"Esto llevó a peder la imparcialidad al estado nacional a la hora de decidir. No se puede involucrar en una controversia. Tiene un interés particular en la ejecución del emprendimiento. Más claro, hay que echarle agua", graficó.

Como tercer punto, planteó que a partir de la reforma del '94 la Constitución Nacional y la ley de presupuestos mínimos, que están por encima del estatuto interno de COIRCO, que debería "ajustarse a normas superiores",  establecen que toda obra que afecta a un recurso ambiental en diferentes jurisdicciones, debe tener la aprobación de todas las provincias, y si una sola se opone, no puede llevarse adelante.

-¿Qué debe hacer La Pampa ahora? -consultó El Diario.

 -Tiene que seguir judicializando todas las diferencias que tenga. Como se ve, todos los gobiernos en este tema juegan para Mendoza. Y este gobierno en particular juega muy fuerte para Mendoza, porque encima tiene intereses patrimoniales en la obra. Nos quiere perjudicar y hay que sacarlo de la cancha.

Así como digo esto, también digo que Portezuelo ya está. No se puede hacer. Y no se va a hacer. Mendoza lo sabe a esto. Es una obra que, en el medio de  esta crisis de los ríos cordilleranos, es un disparate. Salvo que quieran hacer el trasvase al Atuel para sacarle caudales al Colorado y ahí no tengan dudas de que los pampeanos nos vamos a enojar mucho más.

-¿Por qué insiste Mendoza si la obra está muerta?

-Hasta hace unas pocas semanas había una versión de que iban a utilizar esos recursos en otras obras, lo que generó una crisis interna dentro de esa provincia. Tantos años llevan anunciando los beneficios de esta obra, que ninguna autoridad quiere recoger el guante de ir para atrás. Eso acarrea un costo político. Pero Portezuelo, desde el punto de vista técnico, es inviable. Lo saben ellos y nosotros.

 -¿Con el laudo buscan que el gobierno nacional sea el responsable de bajarle el pulgar?

-O la Corte. Entonces se sacan el lastre de tener que tomar una determinación tan dura.

 -¿La Pampa tiene que responder la notificación de De Pedro y argumentar en el laudo?

-Sería imprudente opinar porque no conozco en detalle el expediente. Si digo que es ridículo pensar que el estado nacional, que tiene un interés patrimonial directo, defina una disputa. 

-¿Te sorprendió, como al gobierno provincial, que De Pedro abriera el laudo?

 -En absoluto. Siempre los distintos gobiernos nacionales jugaron a favor de Mendoza en este tipo de disputas.

-¿La Pampa tiene que insistir en pedir la evaluación de impacto ambiental? 

-Es un error seguir con eso. Hay que pedir directamente que se reaanalice toda la cuenca y la reformulación del tratado del Colorado. Es de la década del '70, establece cupos de entrega de agua a las distintas provincias y las circunstancias de hecho y de derecho cambiaron muchísimo hasta la actualidad. Tuvimos una reforma constitucional muy importante en el medio, con una nueva mirada sobre lo ambiental, y encima los ríos traen mucha menos agua que entonces. Hoy estamos hablando de otro río, otra realidad y otras leyes que rigen la protección del ambiente.