La intendenta de Catriló despidió a cinco trabajadoras municipales

La intendenta de Catriló, Graciela "Buchi" López, despidió a cinco trabajadoras precarizadas de la comuna, entre ellas una delegada del sindicato UPCN -a pesar de contar con inmunidad gremial-, porque sus contratos "estaban mal confeccionados" y una de ellas es beneficiaria de una pensión. Las empleadas damnificadas, cuatro de las cuales cumplían tareas en el programa Nutrir y la restante en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) local, venían desempeñándose en sus puestos desde hace años, tras ser incorporadas por la gestión del exintendente Ricardo Delfino.

Algunas fuentes señalaron que la decisión de la jefa comunal, que llegó al cargo en representación de Comunidad Organizada, se enmarca en la interna con Delfino, del FreJuPa, cuyos ediles se aliaron con los de Juntos por el Cambio apenas comenzada la nueva gestión para quedarse con las autoridades del Concejo Deliberante, aunque luego ambos sectores limaron asperezas -a instancias de la máxima dirigencia del justicialismo provincial, al cual López anunció su regreso- y formaron un bloque conjunto.

Un referente santarroseño de UPCN señaló en diálogo con Radio Fusión Catriló que "cinco empleadas ya han sido informadas de que perderán sus trabajos. Aunque habían recibido sus contratos, ahora les están rescindiendo, argumentando que estaban mal confeccionados". Y sostuvo que "si eso es así, los contratos deben corregirse, porque las trabajadoras no deben pagar por los errores del dirigente que se fue".

"Lamentablemente, tenemos que informar que hay cinco trabajadoras despedidas, pero para nosotros podrían ser muchos más. Nosotros fuimos informados por nuestra delegada, y al verificarlo con el Sr. Grosso, para el gremio UPCN los despidos carecen de motivo. Es increíble que, dada la situación del país, se deje a personas trabajadoras en la calle. Sospechamos que esto se debe a la disputa interna entre la intendenta López y el exintendente Delfino, pero la situación es preocupante", destacó.

Situación "clara"

Por su parte, un abogado oriundo de Catriló consultado por la misma emisora consideró que "aquí la situación es clara: se han incorporado nuevas personas en áreas internas del edificio municipal, incluyendo a individuos que anteriormente realizaban trabajos en la calle. Ahora, no solo debemos pagar a los recién llegados, sino que también debemos despedir a personas para dar paso a los nuevos, quienes asumirán las responsabilidades de aquellos que ahora ocupan oficinas. De esta manera, se busca cumplir dos objetivos: la venganza política y llenar vacantes".

El letrado advirtió que, "sin embargo, esta estrategia no hace más que agravar una situación que ya es precaria. Las promesas de mejoras salariales para los trabajadores por día y las trabajadoras que reciben salarios muy bajos no se están cumpliendo, y la incorporación de más personal persiste. Antes, aunque el pueblo tenía problemas, al menos se llevaban a cabo tareas como el corte de pasto y la limpieza de calles, y los salarios eran mejores debido a una situación económica diferente en el país. Ahora, bajo el gobierno de López, la situación se ha vuelto una olla a presión en cuanto a salarios, categorías atrasadas, precariedad laboral y despidos que pueden generar juicios, que el pueblo tendría que pagar".

Agregó que, "además, se suma a esto el hecho de que la administración de López está desconociendo las ordenanzas vigentes. La creencia errónea de que las resoluciones del intendente bastan para legalizar las acciones está generando conflictos. Todas las resoluciones son 'ad referéndum', esto se utiliza en el ámbito jurídico y administrativo, su validez depende de la aprobación posterior por parte del Concejo Deliberante, pero si no se obtiene la aprobación necesaria la acción o acuerdo provisional queda sin efecto y se considera no válida".

"López está gobernando mediante resoluciones, incumpliendo o modificando de manera verbal las ordenanzas existentes. Se han creado nuevas áreas y desdoblado otras, y hay personas con un apellido en un sello pero legalmente registradas con otro. El Concejo Deliberante no está al tanto de estos cambios, y lo más preocupante es que son ellos quienes deben legalizar todas las acciones realizadas por el Ejecutivo municipal. Aunque los oficialistas confían en que, al afirmar que todos son peronistas en un mismo bloque, contarán con la mayoría de votos, queda por verse qué concejales se arriesgarán a enfrentar juicios por incumplimiento de los deberes de funcionario. La situación no es favorable tanto en lo legal como en lo laboral, y el pueblo se encuentra en una situación peor que antes", alertó.