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EL DIARIO digital
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El Gobierno Nacional tiene relevados a nueve barrios populares en la provincia de La Pampa en el que habitan un total de 409 familias. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Nación (SISU), tres están en la ciudad de Santa Rosa; otros tres en 25 de Mayo, uno en Toay, otro en Catriló y otro en Santa Isabel.
En el registro se detalla que en los 9 barrios residen un total de 409 familias. Siendo los tres que están en 25 de Mayo, los más habitados: "La Esperanza" tiene 110 familias; "Los Hornos", 88 familias; y "Pioneros", con 58 familias.
Los tres asentamientos de Santa Rosa albergan a un total de 118 familias, distribuidas de la siguiente manera: 44 en el "Nuevo Salitral"; 44 en el "Micaela García"; y 30 en "El Amanacer".
En Chakra Raíz de Toay hay 12 familias registradas. En el barrio "Cayupán" de la localidad de Catriló hay 10 familias. Por último, hay un asentamiento que no tiene nombre en la localidad de Santa Isabel, donde hay registradas 13 familias.
De acuerdo a la información que figura en el Renabap, los tres asentamientos de la ciudad de Santa Rosa están incluidos en ese registro. La información es relevante para los habitantes de el Nuevo Salitral porque hay algunas familias (un total de 8) que están judicializadas por un particular que reclama la propiedad de esas tierras. El resto de los habitantes se asentó sobre tierras de la Municipalidad de Santa Rosa.
Al estar incluidos en el registro esas familias no podrán ser desalojadas. La ley de barrios populares apunta a financiar las obras necesarias para que el Estado llegue con la infraestructura urbana básica (instalación de servicios públicos, despeje de caminos, mejoras en la accesibilidad y conectividad y saneamientos, entre otras) a los barrios que se encuentran la mayoría de las veces en condiciones de vivienda precarias.
La prohibición de desalojos se estableció como garantía de implementación de la ley, que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" para la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran en esos barrios, con el fin de "proceder a su integración socio urbana". Esto es el avance de las obras de infraestructura básicas.
La ley de barrios populares apunta a financiar las obras necesarias para que el Estado llegue con la infraestructura urbana básica (instalación de servicios públicos, despeje de caminos, mejoras en la accesibilidad y conectividad y saneamientos, entre otras) a los barrios que se encuentran la mayoría de las veces en condiciones de vivienda precarias.
