La Pampa

El año pasado se hicieron 1075 abortos legales en La Pampa

El dato surge de un monitoreo de las políticas públicas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, con el objetivo de hacer un seguimiento de la implementación de la ley y contribuir a orientar acciones para garantizar ese derecho. Este año llegó a la provincia la mifepristona, una nueva droga en el país, para realizar abortos legales.

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EL DIARIO digital

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El año pasado se realizaron 1.075 abortos legales en La Pampa. El número de tratamientos de misoprostol distribuidos entre los centros de salud había sido un poco mayor, 1.197. Además, en lo que va de este año, hasta junio de 2022, se distribuyeron 335 tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. Esto es toda una novedad: ese fármaco, la mifepristona, llega por primera vez a la provincia y posibilita abortos más efectivos y menos dolorosos. Es una droga que no se produce ni estaba aceptada su circulación por el estado (este año se permitió la compra en el exterior con permisos especiales).

No se conoce el dato de Interrupciones Voluntarias del Embarazo producidas en este lapso del año presente.

Nueva droga

Cabe recordar que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Argentina incorporó el mes pasado en su canasta de insumos el combo de mifepristona y misoprostol para realizar interrupciones de embarazos. La novedad es la incorporación de la mifepristona, cuyo uso no estaba habilitado en Argentina a pesar de que, combinada con misoprostol, se considera el estándar de oro en procedimientos de abortos,

El "combipack" que se introdujo está compuesto por un comprimido de 200 miligramos de mifepristona y cuatro comprimidos de 200 microgramos de misoprostol. Hasta el momento, los abortos medicamentosos eran realizados únicamente con misoprostol pero con una dosis mucho mayor: en general, doce comprimidos en total si el embarazo cursa el primer trimestre de gestación. Sin embargo, los criterios de utilización de la mifepristona ya estaban detallados en el Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, actualizado en 2021.

Los tratamientos disponibles en el país son 25500 y se distribuyeron, con autorización de la ANMAT, entre los efectores públicos de todo el país. La marca del producto es Medabon y actualmente se comercializa en países como Reino Unido, Holanda y Suecia. Para la disponibilidad de la medicación se contó con el apoyo de Fòs Feminista, una alianza internacional para la salud, los derechos y la justicia social y reproductiva.

"El uso de la mifepristona y misoprostol combinado para la interrupción del embarazo es, según la evidencia consolidada de más de una década, uno de los procedimientos más seguros y eficaces para esa práctica", puntualiza la comunicación oficial. La OMS considera a estos medicamentos como esenciales para proveer servicios de salud de calidad y lo ha confirmado en el documento Directrices sobre la atención para el aborto, de reciente publicación.

La incorporación del combipack se hace en consonancia con la ley 27610, que establece en su artículo 5 que se deben "ofrecer servicios en consonancia con los mejores estándares basados en las evidencias, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud". En este marco se contempla la necesidad de asegurar la disponibilidad y el acceso a las tecnologías y medicamentos adecuados para la interrupción del embarazo.

En esta primera fase de implementación de estos tratamientos, el comunicado oficial sugiere, basado en evidencia citada, grupos en los que priorizar su utilización. Se refiere a mujeres o personas con capacidad de gestar con dos o más cesáreas previas, independientemente de la edad gestacional; a infancias y adolescencias de hasta 15 años; y a interrupciones legales de embarazos a partir de las 15 semanas de edad gestacional.

Para asignar los tratamientos a cada provincia, se tuvo en cuenta, por un lado, la cantidad de tratamientos disponibles y los grupos priorizados y, por otro, la información de cada jurisdicción: interrupciones informadas en 2021, porcentaje de solicitud de interrupciones en segundo trimestre tardío, embarazos no intencionales en menores de 15 años, personas con capacidad de gestar que hayan tenido al menos 2 cesáreas.

A pesar de la importancia demostrada en múltiples estudios y recomendaciones internacionales, aún no hay novedades oficiales sobre la producción nacional de mifepristona. Por su parte, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe fabrica misoprostol para abastecer al sistema nacional de salud.

¿Cómo funciona el tratamiento combinado? La mifepristona es un antiprogestágeno, es decir que inhibe la progesterona y puede reducir y hasta detener el crecimiento de un embarazo. A continuación se coloca el misoprostol, que provoca contracciones uterinas para la expulsión del saco gestacional. Debido al efecto del primer medicamento, es posible reducir la cantidad del segundo.

Monitoreo

Los números surgieron este lunes del portal web "Mirar", una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en alianza con Ibis Reproductive Health, un monitoreo de las políticas públicas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, con el objetivo de hacer un seguimiento de la implementación de la ley y contribuir a orientar acciones para garantizar ese derecho.

En colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina (Unfpa), el proyecto incluye encuentros informativos regionales.

La plataforma ofrece información actualizada, basada en un sistema de monitoreo, sobre la aplicación de Ley 27.610 de IVE y Atención Posaborto en Argentina, e incluye un análisis de los datos disponibles a nivel nacional y por provincias "con la intención de aportar un insumo fundamental en la toma de decisiones de organismos públicos, en la incidencia de la sociedad civil y en la agenda de los medios", resaltaron en un comunicado las entidades impulsoras de la iniciativa.

En www.proyectomirar.org.ar hay datos provenientes de fuentes públicas, pedidos de acceso a la información e informes de organizaciones de la sociedad civil relativos a la implementación de la política pública sobre aborto, y se analiza su impacto en la comunidad y el sistema de salud.

"El objetivo que perseguimos al difundir información sistemática sobre la IVE/ILE (interrupción legal del embarazo) es contribuir a la toma de decisiones, que consideren el mapa de aplicación de este derecho en todo el país e identifiquen en qué zonas hacen falta acciones específicas", explicó Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes y Conicet.

"El objetivo que perseguimos al difundir información sistemática sobre la IVE/ILE (interrupción legal del embarazo) es contribuir a la toma de decisiones, que consideren el mapa de aplicación de este derecho en todo el país e identifiquen en qué zonas hacen falta acciones específica"

En tanto Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes, analizó que "lo ocurrido en Estados Unidos, la reversión de Roe vs. Wade, nos recuerda la importancia de hacer seguimiento y seguir trabajando para generar un cambio social sensible y respetuoso a las decisiones reproductivas y no reproductivas de las personas".

La profesional se refirió así a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocó el 24 de junio la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, con lo que dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no.

Sistema de monitoreo

El sistema de monitoreo del proyecto Mirar analiza datos oficiales y los generados por organizaciones sociales de distintos puntos del país, así como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444 del Ministerio de Salud.

"A través del proyecto, Cedes e Ibis Reproductive Health consideran que la información es un insumo fundamental para el acceso a derechos en materia de aborto. Por eso realizamos encuentros en diferentes provincias de Argentina con periodistas y organizaciones de la sociedad civil", resaltó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis.

Estas reuniones se hacen con Unfpa Argentina "y persiguen el objetivo de fortalecer la agenda pública, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo a nivel local, así como promover estrategias de incidencia".

En junio se realizó un encuentro en Neuquén, y tienen previstos otros en Jujuy y Entre Ríos en los próximos meses.

"La misión del proyecto Mirar es monitorear la implementación de la ley y la política de aborto en Argentina, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de aborto tras su legalización y contribuir con evidencia e información a los procesos de ampliación de derechos, y compartir nuestra experiencia a la región", resaltó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.

El Cedes es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación para formar recursos humanos para contribuir al debate social; mientras que Ibis es una organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía, las opciones y la salud sexual y reproductiva.

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