CGT: "es un gobierno sin diálogo y un plan inconsistente"
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EL DIARIO digital
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La sentencia fue dictada por la Audiencia de Juicio de Santa Rosa. La acusación había sido promovida por la querella particular, ya que el Ministerio Público Fiscal no acusó durante el alegato final.
El tribunal que lo absolivió por peculado lo integran la jueza Alejandra Flavia Ongaro y los Daniel Sáez Zamora y Raúl Miguez Martín.
El fiscal que no acusó es es el Fiscal General Alejandro Sebastián Mendiara. La querella particular fue el Municipio de 25 de Mayo, representado por el abogado particular Guillermo Galcerán. El defensor de Bravo fue el abogado particular Hernán Jorge Danzi.
Hace unos días el pliego de Mendiara se aprobó para el cargo de Fiscal General, con el voto del bloque oficialista.
Durante la última jornada, previa a los alegatos de las partes, Bravo habló e insistió con lo que ya había dicho en las audiencias previas: que se considera una víctima de una maniobra de persecución política.
El primer voto del tribunal fue de Raul Miguez Martín, al aue adhirieron Saez Zamora y Ongaro.
En la parte medular del fallo, el tribunal sostuvo:
"En resumen, la posición del Sr. Fiscal General encuentra fundamento en la prueba que indica que: el acusado promulgó ordenanzas aprobadas por las mayorías legalmente exigidas, en uso de las atribuciones que le otorga la ley 1597; en cumplimiento de la última de ellas, celebró un convenio con la Coospu para la realización de una obra determinada, por un monto y un modo de pago establecidos, con precisión de las características técnicas que debería tener; ese convenio fue remitido al Concejo Deliberante, por lo cual los miembros de ese órgano lo conocieron y tuvieron la posibilidad de requerir informes a los secretarios municipales correspondientes; no se trató de una sola entrega de dinero, sino que fue progresiva; no se delegó a la Coospu la posibilidad de determinar qué obras realizar, sino que se acordó una en particular con todas sus características técnicas, precio y forma de pago", explica.
"El Concejo Deliberante, además de contar con el convenio y las órdenes de pago que le fueron remitidas, al tratarse de operaciones bancarias pudo realizar su control de modo rápido y sencillo; todos los pagos estuvieron documentalmente imputados al cumplimiento del convenio; el pago total efectuado a la Coospu fue de $1.450.000 ($1.613.200 si se suma la última transferencia que no pudo ser vinculada documentalmente con el convenio), cuando el precio de la obra era de $1.981.980", detalló.
"No se constató faltante de fondos ni el cambio de su destino legalmente impuesto, como así tampoco el pago de sobre precios; según Oscar Lezcano -presidente de Consejo de Administración de Coospu-, el dinero alcanzó casi para la totalidad de la obra, por lo general se gasta de más porque los costos van cambiando por las demoras e imprevistos; tal como surge de todos los testimonios, pero especialmente de los arquitectos Martínez y Ganora, la obra de más de 3000 metros de tendido de energía eléctrica se realizó por completo según el proyecto del ingeniero Gallegos (hubo algunas modificaciones pero que lo mejoraron) y en la actualidad funciona correctamente brindando el servicio a casi 500 viviendas", remarca.
Los hechos.
La denuncia inicial en 2012 hicieron tres ediles del Partido Justicialista por "abuso de autoridad", pero la fiscalía sumó la acusación de "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado".
Bravo desembarcó en la política de la mano del ex gobernador Carlos Verna. Pero se fue alejando. Enfrentó causas por abuso de poder y por facilitación de la prostitución.
En aquel momento Bravo -por el Movimiento Popular Veinticinqueño- ejercía la intendencia. Los tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV tenía mayoría, había aprobado una ordenanza que derivaba a la Cooperativa de 25 de Mayo (la Coospu) los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción fue irregular porque no tenía la mayoría especial requerida, de 6 votos.
Además, advirtieron que la ordenanza también contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
El argumento de Bravo y su defensa es que los recursos se volcaron en el tendido de una línea eléctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que vivían en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansión demográfica de la localidad.
En la última audiencia de testimoniales, Bravo declaró después de haber escuchado a todos los testigos. Recordó que en el momento de los hechos existía una "invasión" de familias que buscaban "un mejor futuro" en 25 de Mayo a partir de la tentación de la industria petrolera. Dijo que por eso surgieron los asentamientos y que era "urgente atender la necesidad de prestarles el servicio eléctrico".
"De ahí nació el proyecto como un objetivo social. Acá no faltó plata, se pagó menos, se hicieron las debidas rendiciones en los balances ante el Concejo según la Ley de Municipalidades, y en los informes semestrales, por regalías petroleras, al Gobierno Provincial", declaró.
Además, sostuvo que la reciente readecuación del alumbrado público por sistema LED que ejecutó meses atrás el actual intendente Abel Abeldaño -en cuya gestión es funcionario el denunciante Ricardo Poyo- hicieron "exactamente lo mismo por lo que por lo que estoy acá". Por eso, consideró, la acusación que enfrenta es "una persecución política".
Hasta ahora Bravo tiene dos condenas previas sobre sus espaldas. En 2013 lo condenaron a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad", al haber habilitado un cabaret.
A principios del año pasado, también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron cinco años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual". El fallo fue apelado.
