Subzona 14: la Cámara de Casación confirmó las condenas a Baraldini y Reinhart

Tras el fallo de mayo del año pasado, donde el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó en el juicio conocido como Subzona 14 III a Luis Enrique Baraldini y Carlos Reinhart, ahora la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa resolución al rechazar las apelaciones presentadas tanto por la fiscala Iara Silvestre como por la defensora Laura Armagno.

Los jueces pampeanos habían condenado a Baraldini a 18 años de prisión y a Reinhart a 12 años, por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico militar. Entre los delitos que se les comprobó, por primera vez, se incluyó el de abusos sexuales.

Si bien el debate comenzó con siete imputados, solo dos llegaron al final del proceso que se había iniciado un año atrás. Baraldini era el jefe de la Policía de la dictadura y Carlos Reinhart un miembro de la patota de la Subzona 14, encargado de la picana eléctrica en la sala de torturas.

El exmilitar carapintada había sido condenado ya en el segundo debate, pero en el primero estaba prófugo. Ahora lo acusaron como coautor mediato de ocho secuestros con tormentos; dos secuestros con duración de más de un mes; y dos secuestros en concurso con el de abuso sexual deshonesto con acceso carnal.

Reinhart acumula dos condenas en los dos juicios anteriores. Ahora lo acusaron de un secuestro con tormentos; 144 secuestros de más de un mes; y como autor de un secuestro y abuso sexual deshonesto con acceso carnal.

Silvestre y Armagno (esta en representación de ambos condenados) interpusieron cada una recursos de casación. La representante de la Fiscalía se quejó únicamente del rechazo, por la mayoría del tribunal, de la calificación de "genocidio" respecto de los crímenes de lesa humanidad.

La defensora oficial, por su parte, atacó la sentencia argumentando que es "contraria a derecho y arbitraria" al rechazarse los planteos de "cosa juzgada material, violación al ne bis in ídem, extinción de la acción penal por amnistía y prescripción, nulidad y exclusión probatoria, arbitrariedad en la valoración de la prueba en violación a garantías y principios constitucionales, arbitrariedad en la calificación de los hechos y la mensuración de la pena".

Entre otros puntos, Armagno -al igual que durante el juicio- insistió con la nulidad de todo lo actuado a partir del origen de las actuaciones por "graves irregularidades" en el proceder investigativo de la Asesoría Letrada del Gobierno de la Provincia que dio comienzo a la causa a partir de un decreto del gobernador Rubén Marín en diciembre de 1983, inmediatamente después del retorno de la democracia.

Los jueces Borinsky y Petrone, tras analizar las apelaciones y el fallo del TOF, consideraron que tanto la calificación de los hechos como el monto de las penas eran "adecuados" y rechazaron los planteos de las partes. Gemignani, aunque participó de la deliberación y emitió su voto, no firmó la resolución por encontrarse en uso de licencia.

Con este tercer juicio, dieciséis represores fueron condenados durante los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en La Pampa. Algunos, dos veces, en dos juicios y por diferentes víctimas.

En total 248 víctimas fueron secuestradas, torturadas, detenidas en algunos casos durante años en cárceles de otros puntos del país, bajo regímenes extremos y vejámenes. Fueron 531 las personas prescindidas del Estado según el Decreto 407/22 del Gobierno provincial. Además, 67 pampeanos fueron desaparecidos, de los cuales muchos estaban en Buenos Aires, Córdoba o La Plata por razones de estudio o trabajo. La inteligencia militar desplegada en La Pampa desde el Regimiento de Toay, que encabezó el siniestro Ramón Camps hasta el día del golpe, sirvió en muchos casos para desplegar ese plan represivo.