El PJ sacó dictamen por el fondo adicional a la coparticipación provincial

El bloque de diputados y diputadas provinciales del FreJuPa sacó dictamen favorable sobre el proyecto que envió el gobernador Sergio Ziliotto para sumar a la coparticipación provincial un fondo que se reparte entre las localidades por cantidad de habitantes. Fue este martes al mediodía en una reunión de comisiones, con el apoyo del diputado Juan Brindesi, del monobloque del Movimiento Productivo Pampeano.

El oficialismo avanzó y aprobará el proyecto en la próxima sesión de la cámara. La oposición expresó varios reparos -no se contemplaron modificaciones que propusieron- y es probable que termine votando en contra de la iniciativa. De todos modos, el oficialismo ya cuenta con los números necesarios.

El lunes el bloque oficialista se reunió con intendentes del PJ para recoger sus opiniones. Allí, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, volvió a formular cuestionamientos a la norma porque, según su criterio, no se resuelve la cuestión de fondos, las distorsiones que tienen los porcentajes que se aplican para la distribución de los recursos generales.

Sin embargo, el resto de los jefes comunales respaldaron la iniciativa porque consideran que es un avance, mientras se posterga el debate sobre modificaciones más de fondo. Con ese criterio, la bancada oficialista avanzará en el dictamen, al que le introdujo una serie de modificaciones menores.

Los bloques opositores tuvieron algunas reuniones con jefes comunales de su fuerza. Sin embargo, no fijaron posición en la comisión y la UCR, el PRO y Comunidad Organizada esperarán el debate en el recinto para definir la postura. Durante el plenario objetaron que no se tuvieran en cuenta algunos cambios que sugirieron durante el debate previo.

En la previa, el gobierno provincial considera que el proyecto es lo posible en esta coyuntura, para otros -como di Nápoli- se queda corto y para la oposición le falta introducir cambios para limitar los fondos discrecionales para municipios que maneja la Secretaría de Asuntos Municipales.

En reunión plenaria de las comisiones de legislación general, cultura, educación y asuntos municipales, presidida por el diputado Julio González; de hacienda y presupuesto, presidida por el diputado Roberto Robledo; y de asuntos constitucionales y justicia, presidida por la diputada Alicia Mayoral; se dieron a conocer al resto de los legisladores las modificaciones acordadas con el Poder Ejecutivo.

 "La información que los municipios deberán brindar para la confección del índice coparticipable, que según el proyecto original debía estar intervenido por el organismo de control correspondiente, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, según corresponda, y luego sería con una parte el texto, solo deberá ser remitida al organismo de control correspondiente, Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, según corresponda, a los efectos de tomar conocimiento. Y se agrega la obligatoriedad de anexar al mencionado informe el resumen bancario del mismo periodo", explicó González.

"Se establece que el Poder Ejecutivo Provincial deberá considerar a los efectos de aplicar el criterio establecido en los incisos C y D del punto 1 del artículo 4 de la presente ley, que los importes, en lugar de aprobados, van a ser informes declarados. En vez de aprobados, declarados", agregó.

"Y al artículo 10 del proyecto original, que sustituye el artículo 17 de la ley 1065, se le hace un agregado. Entonces, el segundo párrafo queda como estaba y el agregado "facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha de presentación y el organismo ante el cual las municipalidades y comisiones de fomento deberán presentar el informe Rendición de Ingresos de los Recursos Ley de Coparticipación correspondiente al periodo 1 de julio 2022 al 30 de junio 2023", precisó.

Después de la exposición del legislador justicialista, diputados y diputadas se manifestaron respecto al texto definitivo que tendrá la ley. Entonces, desde la oposición, la diputada Laura Trapaglia junto a su par Marcos Cuelle, reclamaron que no habrá un nomenclador que especifique cuáles son los recursos tributaros y cuáles no; a lo que González les aclaró que el texto determina cuáles son los tributarios, por lo que se infiera cuáles no lo son.

La diputada Andrea Valderrama manifestó que el fondo establecido para ser repartido de acuerdo a la cantidad de población, debería ser gradualmente aumentado, de acuerdo a un seguimiento, para el que propuso la creación de un observatorio legislativo.

Trapaglia también pidió que los diputados tengan acceso al simulador de cómo quedará el reparto de recursos que originará la nueva ley y que "algunos intendentes lo tienen. Por su parte, la diputada Sandra Fonseca dijo: "otra vez estamos ante las dificultades a la que nos enfrenta la falta de información". Por eso insistió con un viejo proyecto suyo de la creación de un observatorio legislativo de análisis presupuestario.  

Mientras la diputada Mayoral recordó que la creación de un observatorio para seguir la ley de coparticipación es algo que el gobernador Ziliotto adelantó que será implementado, el diputado González, atendiendo el reclamo de sus pares de la oposición y del mismo Espartaco Marín, dijo que se incorporaría a las modificaciones del proyecto original, un nuevo artículo que establece la obligatoriedad que una vez sancionada la ley, sea reglamentada en un plazo no mayor a los 180 días, lo que satisfizo a la totalidad del auditorio.

Los puntos de la reforma

Los principales puntos de la propuesta del gobernador Sergio Ziliotto, que expuso el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld cuando fue a Diputados, son los siguientes:

* Se toma un promedio de los últimos tres años para establecer la recaudación de cada municipio, una de las variables de más incidencia para el reparto. De esa forma se suavizan los saltos en los porcentajes.

* se limita la inclusión de recursos no tributarios. El ministro explicó que proponen "estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios: Para la redistribución del 40% de la coparticipación, la información de los índices tributarios y no tributarios fueron desnaturalizándose y eso demandaba una corrección para que no siguiera por ese camino. La referencia es que en el año 2017, el 33% eran recursos tributarios y sólo el 7% no tributarios, llegando a la actualidad cuando los recursos tributarios bajaron al 29% y los no tributarios ascendieron al 11%, eso porque algunos gobiernos locales han ido incorporando servicios relacionados con la actividad comercial (estaciones de servicio, por ej.) y/o de provisiones de bienes y servicios (geriátricos, por ej). Así, para evitar esta tendencia destinada a un subsidio encubierto vía el incremento de los recursos coparticipables de composición actual de los recursos y se le pone un límite a la incorporación de ingresos provenientes de recursos no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios.

* Controles previos. Es para "afianzar la fiabilidad de la información". Si bien el proyecto original mencionaba una validación previa de Concejos Deliberantes o de Tribunal de Cuentas en el caso de comisiones de fomento, el bloque oficialista introdujo una modificación. Solo pondrán en conocimiento, pero no será necesario un aval de esos órganos.

* Adelanto de rendición para "otorgar previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la secretaría de Asuntos Municipales para que la Tesorería general de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean los percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente".

* Fondo adicional por índice población. La creación de este Fondo implica para las arcas de la provincia un esfuerzo financiero, valuado en términos actualizados de 3458 millones de pesos que pasará en los sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas.

Una reforma pendiente

Desde los tiempos de Carlos Verna, dos veces gobernador (2003-2007 y 2015-2019) la coparticipación provincial sufrió transformaciones en beneficio de las localidades más pequeñas: la descentralización, el reparto de regalías y el premio por mayor recaudación facilitaron esa lógica, en la que además algunas comunas empezaron a formar empresas, desde panaderías hasta estaciones de servicios, cuando comprobaron que incrementar ingresos por esa vía las adelantaba en el ranking con el que después la provincia reparte sus fondos.

Oficialista y opositores coiciden en el análisis de que el reparto se desequilibró hasta tergiversarse, perjudicando a las ciudades más habitadas y en especial a Santa Rosa y General Pico. Di Nápoli esperaba que ZIliotto elaborara un proyecto alternativo que salvara esa asimetría, pero el gobernador no quiso problemas y eligió otra estrategia.

 Ziliotto resolvió que ningún municipio perciba menos dinero, no modificó la ley y armó un nuevo fondo específico, con recursos provinciales, para compensar con una distribución "por población" a las comunas que salen más perdidosas en la actualidad.

Dijo que "con la nueva coparticipación todos ganan". Su ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, interpretó que la más beneficiada es Santa Rosa y le puso números: recibirá unos $1.200 millones más al año. La capital calcula que con el actual régimen pierde unos $3.000 millones al año: le toca en la actualidad un índice coparticipable de 0,245 cuando hace una década, mientras gobernaba el radical Francisco Torroba, era de 0,29.