Berhongaray quiere más datos del convenio del agua firmado con Israel

El diputado nacional por el radicalismo, Martín Berhongaray, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde más datos del convenio del agua firmado con Israel y que involucra a varias provincias, entre ellas San Juan y Mendoza, linderas con La Pampa y con un manejo discrecional de los recursos hídricos.

Concretamente, Berhongaray solicitó "información circunstanciada" con relación a los "Convenios de Asesoramiento para el Diseño de planes maestros de agua, Reforma del marco legal de recursos hídricos y Capacitación de personal y funcionarios; suscriptos en el ámbito del CFI por las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero, con la empresa de estatal de distribución de aguas israelí "Mekorot Israel National Walter Co".

Por un lado, el dirigente radical quiere conocer "cuál es el contenido de los convenios firmados con la citada empresa y qué compromisos se establecen para cada una de las partes y el Estado nacional?".

Además, "cuáles son las jurisdicciones provinciales que actualmente reciben algún tipo de servicio en materia de gestión de recursos hídricos por parte de la referida empresa".

También quiere que el Ejecutivo "precise el monto de la contratación de los servicios comprometidos en relación a estos Convenios. Indique la fuente de financiamiento para el pago de tales servicios y si se encuentran afectados fondos nacionales".

Y que indique "cuál es el grado de participación dada a los organismos nacionales con competencia en la materia -de larga trayectoria en el asesoramiento de planes y programas para la gestión de los recursos hídricos en todo el territorio, tales como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), entre otros-. En particular, precise si el Consejo Federal Hídrico y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento tienen participación en tales Convenios y -en su caso- individualice las funciones a su cargo".

En otro tramo de un documento difundido este lunes, el legislador nacional solicitó que Nación "precise los mecanismos dispuestos de conformidad con la Ley 27.566 (Acuerdo de Escazú) para garantizar el acceso a la información y participación de los distintos sectores de usuarios de los recursos hídricos, en todo el proceso de elaboración y firma de estos Convenios".

Cuencas

En el mismo escrito, Berhongaray recordó que "las competencias y decisiones en las distintas cuencas interjurisdiccionales de nuestro país (vgr. las del Río Colorado, del Río Atuel, del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, por mencionar sólo algunas), requieren de la intervención conjunta de las distintas jurisdicciones provinciales por donde discurren dichos ríos".

Por eso, reclamó que se informe si "se ha considerado al momento de la firma de los convenios el involucramiento de todas las provincias involucradas (y condóminas) en estas cuencas".

También "Si existe alguna previsión al respecto en todo este proceso", y "por qué razón no se ha contemplado en todo el proceso la opinión o consideración de los Comité de Cuenca constituidos u otros organismos interprovinciales vinculados a la gestión de los recursos hídricos, como es el caso del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)".

Fundamentos

Entre los fundamentos de la iniciativa, el diputado Martín Berhongaray recordó que "en febrero del 2023, el Ministro del Interior de la Nación Wado de Pedro, celebró un acto para la firma de convenios entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), representantes de los gobiernos de distintas provincias del país y la firma MEKOROT ISRAEL NATIONAL WATER Co; cuyo objetivo principal consistía en el diseño de sus Planes Maestros Hídricos, modificación de la normativa específica de aguas y asesoramiento y capacitación en materia de gestión hídrica, entre otros servicios".

"A la fecha, según los anuncios del propio Ministerio del Interior, ya se encontrarían firmados convenios MEKOROT / Consejo Federal de Inversiones (CFI) con las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz", añadió.

Y apuntó: "no resulta claro el involucramiento de la empresa en los casos de los convenios firmados entre el CFI y las provincias de Santa Fé y Santiago del Estero. En el caso de las provincias de La Pampa y Entre Ríos, aparentemente aún no existirían acuerdos firmados".

El dirigente radical pampeano también resaltó que "diversas organizaciones han denunciado la falta de información, consulta y participación en todo el procedimiento de contratación, lo que motivó la presentación de varias notas de pedido de acceso a la información respecto al contenido de estos convenios, en el marco de las leyes N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, N° 25.831 Régimen Libre Acceso Información Pública Ambiental, y Ley N° 27.566 Acuerdo de Escazú; sin lograr resultados de información satisfactorios".

Además, resaltó que "varios de estos ríos se encuentran bajo la jurisdicción de las distintas cuencas interjurisdiccionales con competencia en los territorios de las provincias involucradas, resulta elemento de preocupación adicional que, ni los comunicados oficiales ni los medios de información que aluden a estos convenios, hacen referencia alguna a la participación de los respectivos comités de cuencas u otros organismos interprovinciales vinculados a la gestión de tales recursos hídricos".

"Cuestión esta que es de su suma preocupación, si se tiene en cuenta que la mayoría de los convenios tienen por fin el asesoramiento para el diseño de los Planes Maestros Hídricos y la modificación de la normativa específica de aguas. No cabe dudas, que estos procesos -en el caso de las cuencas interjurisdiccionales- deben contemplar una mirada integral y de decisión interjurisdiccional compartida, que incluya y garantice el acceso equitativo al agua de todos los territorios involucrados", añadió.

"En tal sentido, deviene de vital importancia jerarquizar todos los ámbitos de concertación de la política hídrica, y en especial los comités de cuencas, de manera que las decisiones de posible afectación interjurisdiccional no se tomen de manera unilateral", cerró.