Murió Aldo Guarino Arias, el abogado que se opuso a Portezuelo

Falleció el abogado mendocino Aldo Guarino Arias. El especialista en Derecho de Aguas y Ambiental tenía 85 años y sus restos fueron velados ayer en la Ciudad de San Rafael. El sanrafaelino ejerció la abogacía por más de 40 años y fue un defensor de los derechos de Mendoza sobre las aguas del río Atuel en el conflicto con La Pampa.

Aldo Guarino Arias fue miembro de academias, comisiones e institutos, como por ejemplo, la Comisión Honoraria de Estudios a nivel oficial para la transferencia del dique embalse El Nihuil y la Comisión por la Provincia de Mendoza del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI). También fue asesor ad honorem de la provincia en temas referidos al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y con el aprovechamiento integral del río Grande.

En 2019 fue distinguido por el Departamento General de Irrigación y en 2022 fue distinguido como ciudadano ilustre de San Rafael por su aporte a la comunidad. 

Sus inicios en la abogacía se dieron casi por casualidad cuando con solo 18 años -recién egresado de la escuela Normal con el título de docente- ingresó al Poder Judicial como auxiliar porque sabía escribir a máquina. Inmerso en el mundo de los abogados y jueces decidió estudiar procuración y después abogacía en Córdoba. Rindió como alumno libre. 

Una vez recibido comenzó a ejercer en la rama del derecho civil y en temas ambientales. Fue un estudioso incansable y escribió libros que se convirtieron en bibliografía obligatoria en las facultades. También escribió textos y artículos sobre el Derecho de Aguas. 

Polémica por Portezuelo del Viento

En julio de 2021, Aldo Guarino Arias junto a Miguel Mathus Escorihuela y Alejandro Pérez hicieron una presentación ante la Fiscalía de Estado solicitando que tome acciones para "impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación" de la obra Portezuelo del Viento. 

Puntualmente, pidieron que se declarara el fracaso de la licitación por el perjuicio al patrimonio provincial que podía ocasionar avanzar con el proceso. Los juristas hicieron foco en las objeciones y riesgos que convertían a la obra en "un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial" y aseguraron que "la licitación en trámite no había generado por el momento derechos adquiridos a sus participantes por lo que podía ser detenido su procedimiento mediante la declaración de fracaso por falta de ofertas convenientes". 

Actualmente, la licitación está frenada -casi suspendida- por el laudo presidencial firmado por Alberto Fernández que solicitó un nuevo estudio de impacto ambiental para continuar con el proceso y la firme oposición de La Pampa.