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Autorizan a Díaz Lavaca a concurrir al TOF, pero sin contacto con el personal

El juez del Tribunal Oral Federal es investigado por maltrato laboral. La justicia federal ya finalizó las medidas de prueba en el edificio, por lo que el magistrado podrá ingresar tres días a la semana.   

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EL DIARIO digital

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Desde este lunes por la tarde, el juez del tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, podrá ingresar al edificio durante tres días a la semana. El magistrado fue denunciado por tres secretarios por maltrato laboral hacia las y los empleados.  

El juez federal Juan José Baric y la fiscal Iara Silvestre informaron este lunes que ya no restan medidas de prueba a realizarse en el edificio del TOF, ubicado sobre la calle Raúl B. Díaz, y resolvió dar cumplimiento a la resolución de la Cámara Federal de Bahía blanca que ordenaba permitir el acceso al juez a su lugar de trabajo, en horarios coordinados y sin contacto con el personal

Sobre Díaz Lacava pesaba una orden de restricción de acercamiento al TOF mientras se desarrollaba la primera parte de la investigación en su contra. Ahora podrá ingresar, pero bajo ciertas condiciones. "Se tomaron precauciones para que no haya personal en el horario de las 15.30 horas, que es cuando concurrirá al edificio. Y se estableció que podrá hacerlo los lunes miércoles y viernes, como días fijos", le contó a El Diario una fuente de la investigación.

El juez fue denunciado el pasado 19 de abril por los tres secretarios del TOF, Javier Sequeira, Ignacio Rodríguez Bedier y Alina Trento. Posteriormente, una de las testigos que declaró en la cuasas también se sumó como la cuarta querellante. 

Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ratificó la medida cautelar, pedida por los representantes del Ministerio Público Fiscal y avalada por el Juzgado Federal de Santa Rosa, que impedía el acercamiento a las víctimas y al lugar de trabajo. 

La denuncia contra Díaz Lacava es por los presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad y lesiones, entre otros, de parte del magistrado contra los trabajadores judiciales.

En medio de la investigación, el juez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la continuidad de esos contratos y pidió específicamente que la jefa de despacho relatora fuera apartada de su lugar. Incluso postuló como reemplazante a una abogada que ya había sido echada de la justicia federal.

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