Educación publicó el primer episodio de "Caleidoscopio de las memorias"
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EL DIARIO digital
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La causa penal contra el Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, fue elevada a juicio oral y público por el juez federal Juan José Baric. Se trata del expediente donde el funcionario está acusado de violencia, hostigamiento y abuso de poder dentro del propio ámbito judicial.
La investigación reúne denuncias de funcionarios y empleados judiciales -varias de ellas mujeres- que relataron episodios reiterados de maltrato, amenazas e intimidaciones ocurridos en el tribunal, situaciones que fueron encuadradas como violencia laboral y, en algunos casos, como violencia de género.
A mediados de febrero, el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, y el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Bahía Blanca, Horacio Azzolin, requirieron la elevación parcial a juicio de la causa.
"La decisión judicial implica que la investigación superó la etapa preliminar y que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en un juicio público, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del magistrado", informaron fuentes judiciales a El Diario.
El avance de la causa penal se produce además mientras el caso también es analizado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se tramita un expediente disciplinario que podría derivar en la remoción de Díaz Lacava.
Violencia contra empleadas.
El expediente recoge testimonios de trabajadoras judiciales que describieron "un clima laboral marcado por gritos, humillaciones, intimidaciones y conductas incompatibles con la función judicial".
Según las denuncias, varias de las situaciones de violencia tuvieron como destinatarias a funcionarias y empleadas del tribunal, quienes señalaron que las agresiones verbales y el hostigamiento reiterado terminaron "afectando su salud y su desempeño laboral".
En ese contexto, algunas de las trabajadoras denunciantes debieron ser evaluadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constató lesiones y afectaciones a la salud.
Para las denunciantes, no se trató de episodios aislados sino de "una forma de conducción basada en el miedo y la intimidación, ejercida desde la posición de poder que implica encabezar un tribunal federal".
Una piedra dentro del tribunal.
Entre los hechos incorporados al expediente también figura un episodio ocurrido en plena jornada laboral, cuando el magistrado tomó una piedra de la vereda y la arrojó contra la ventana del despacho de uno de los secretarios del tribunal.
El propio juez reconoció el episodio durante su descargo, aunque intentó justificarlo como una "broma impropia". Dentro del tribunal, sin embargo, el hecho fue interpretado como "un acto de violencia directa que transmitió un mensaje de intimidación hacia quienes trabajaban bajo su órbita".
Los secretarios relataron que la piedra ingresó por la ventana del primer piso y que el proyectil pasó muy cerca de sus cabezas.
Cautelar.
La gravedad de las denuncias llevó a la justicia a dictar una medida cautelar destinada a proteger a los funcionarios y empleados del juzgado.
La medida aún se encuentra vigente y fue adoptada para evitar "nuevos episodios de hostigamiento o intimidación contra quienes trabajan en el tribunal, en resguardo de su integridad y de sus condiciones laborales".
El expediente también incorpora hechos posteriores: entre ellos se mencionan suspensiones de audiencias y decisiones adoptadas en el tribunal en medio del conflicto, así como cuestionamientos vinculados al cumplimiento de las restricciones dispuestas en la medida cautelar.
