Demandó el IPAV por daños: es víctima de violencia y pusieron el 50% de una casa a nombre de su agresor 

MMG -su abogada pidió que no fuera identificada con nombre y apellido- promovió una demanda en forma conjunta a su ex pareja RAZ y al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda por daños y perjuicios. Antes se inició otra demanda de RAZ contra la mujer por la escrituración de la vivienda adjudicada por el IPAV.

En el reclamo dirigido al IPAV, la mujer sostuvo que "a través de diferentes resoluciones le concedió el 50 % de la vivienda a su ex pareja R.A.Z. por haber integrado el grupo familiar al momento de la adjudicación".

Con fecha 3 de mayo de 2022, la mujer sostuvo que "las resoluciones administrativas fueron cuestionadas por contener vicios que acarrean la nulidad absoluta y sostuvo que la decisión de adjudicación del IPAV incurre en violencia de género al impedirle acceder al 100 % de la propiedad".

Y pidió "la reparación integral de los daños y perjuicios por la antijuridicidad de la conducta del IPAV que la privó del 50 % de la propiedad de la vivienda y con ello contribuyó a la violencia física, verbal y psicológica ejercida por su expareja hacia ella".

La mujer fundamentó su pretensión de reparación del daño en los artículos 1724, 1725 y 1746 referidos al factor de atribución de la responsabilidad civil y a la indemnización por lesiones del Código Civil y Comercial. Al mismo tiempo, reclamó la indemnización por daño extrapatrimonial y encuadró su requerimiento indemnizatorio en el marco de la Ley 26485 y en tratados internacionales que considera aplicables.

"La naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda de la actora dan cuenta que su reclamo radica en obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la decisión del codemandado IPAV que, al adjudicarle el 50 % de la vivienda a R.A.Z., la privó de acceder al 100 % del inmueble", dijo la mujer en su presentación.

El STJ resolvió que no se trata de un caso de su competencia porque la mujer no reclama "la anulación de los actos administrativos emanados de la Administración autárquica provincial, sino que radica en una pretensión que debe ser resuelta en el marco de la responsabilidad civil del Estado". 

"En efecto, de las actuaciones digitales que integran el expediente en examen resulta que la demanda de daños y perjuicios de MMG tiene una pretensión concreta: obtener una indemnización que repare el daño que le habría ocasionado haber sido privada de la adjudicación de la totalidad del inmueble y no cuestionar los actos administrativos dictados por el IPAV", remarca la sala C del STJ.

La causa seguirá en el fuero civil.