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EL DIARIO digital
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El personal de Rentas en conflicto por la reducción del estímulo que perciben como ente recaudador presentó la semana pasada un pedido de pronto despacho en el ministerio de Hacienda de Ernesto Franco, que todavía no resolvió el recurso de reconsideración que formalizaron a fines del año pasado. Esa solicitud tiene un plazo, que vence el próximo 17, después del cual queda cerrada la vía administrativa y podrían recurrir a la justicia provincial.
En la actualidad, en Rentas sigue vigente el quite de colaboración que decidieron como medida de fuerza en noviembre del año pasado, con el respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado. "Es trabajo a reglamento. Si antes sacaban diez expedientes por día, hoy sacan uno", explicó una fuente cercana al conflicto.
De esa manera, los trámites de particulares y profesionales que necesitan la rúbrica de Rentas, se siguen retrasando y acumulando. El ministro Ernesto Franco sacó una ley a fines del año pasado para prorrogar los plazos, pero eso no fue una solución, pateó para adelante el problema. Además, esa norma vence el próximo 31 de marzo.
La pelota, del lado del gobierno
Franco no respondió el recurso de reconsideración que el personal presentó en diciembre. Ni siquiera se excusó, como habían pedido en la presentación, con el argumento de que él también percibe el estímulo, y es parte involucrada.
Por eso desde ATE la semana pasada impulsaron un pronto despacho para ponerle un plazo al funcionario. Si no hay decisión antes del 17, se tomará como una respuesta negativa. Vencida la vía administrativa, podrían recurrir a la justicia por considerar que la reducción resuelta por la cartera de Hacienda afectó sus haberes.
El quite de colaboración que llevan adelante desde noviembre es un cuello de botella para la actividad y los trámites que pasan por la repartición. Las quejas de los colegios profesionales desde el año pasado dan contexto al conflicto que, hoy por hoy, parece en punto muerto.
En diciembre Franco amenazó con tomar medidas drásticas y tomar represalias. Hasta ahora, lo único ocurrió es que a los trabajadores se los obligó a tomar todos los días de vacaciones, y no segmentarlas, como hacían habitualmente.
"En enero y febrero hubo días que casi no hubo nadie acá. Fue responsabilidad del ministro", explicó a El Diario un empleado de Rentas.
En el gremio hay un compás de espera. "La pelota la tiene el gobierno. Los trámites se paran porque necesitan la certificación de Rentas. Es un capricho, por no escuchar el reclamo de 85 trabajadores, perjudica a profesionales, colegios, todos los que necesitan certificaciones", lamentaron desde la organización sindical.
La disputa
Desde ATE plantean que el origen del conflicto fue la decisión del Franco de repartir "el mismo porcentual de Adicional con más áreas y personal", lo que genera una merma de lo que perciben los empleados de Rentas como estímulo, que les corresponde por Ley Fiscal, por ser "Ente Recaudador".
Durante los últimos meses del año pasado las y los trabajadores se movilizaron denunciando el recorte "drástico" que sufren sus ingresos salariales por no percibir la parte de la recaudación que el área de Economía destina a la Dirección de Rentas.
El gremio argumenta que "hace 60 años se paga como adicional y que se paga en todos los distritos, en todas las provincias, a los entes recaudadores".
El conflicto comenzó cuando se conoció el texto de una resolución del Ministerio de Hacienda, a cargo de Ernesto Franco, que reducía el Adicional de las y los trabajadores de Rentas.
"En este último mandato, en el área del Ministerio, se crearon Subsecretarías y Direcciones y ocupan cargos 20 funcionarios que también están cobrando ese estímulo", indicaron. La resolución del ministerio de Hacienda estableció una baja del 4,5 por mil al 3,8 por mil de la recaudación en lo que se destina al pago de estímulo que cobran como trabajadores de un ente recaudador.
Por otra parte, las y los trabajadores que se manifestaron en este comienzo de año subrayaron que vienen siendo hostigados y perseguidos luego de que un diario provincial hiciera una nota en donde se los acusa de llevar adelante "un boicot", cosa que las y los trabajadores desmintieron rotundamente sino que sostienen que se "manifiestan por sus derechos".
La falta de una salida al conflicto, que se extiende por meses, provoca demoras en las liquidaciones de impuestos y gravámenes. Y trastornos en registración de planos, la constitución de sociedades, la liquidación de impuestos, la transferencia de bienes registrables como inmuebles o automotores, la inscripción de escrituras, los pedidos de informes.
