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EL DIARIO digital
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"Gran parte de las dificultades que se suceden en comisarías y alcaidías se vincula a la falta de Servicio Penitenciario en la Provincia", aseguraron desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). En agosto del año pasado inspeccionaron a lugares de encierro en Santa Rosa, General Acha, General Pico y Toay. Alertaron sobre el hacinamiento en alcaidías y comisarías, además del hostigamiento por parte del personal policial.
En 2012 se creó la ley para conformar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual comenzó a funcionar efectivamente en 2017. Durante estos cinco años, el personal se encuentra recorriendo todo el país para monitorear los lugares de encierro: comisarías, cárceles, alcaidías, geriátricos, institutos de salud mental, lugares donde hay chicos y chicas en conflicto con la ley penal y comunidades terapéuticas.
Luego de realizar las inspecciones correspondientes, el Comité redactó un diagnóstico sobre la situación observada, que se volcó en un informe que enviado a los tres Poderes del Estado para recomendar posibles soluciones, propuestas de políticas públicas, reformas de ley, programas.
Inspecciones.
En agosto del año pasado, el Comité inspeccionó, en la ciudad de Santa Rosa, las Comisarías Primera, Segunda y Tercera, la Alcaidía, el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa), la Clínica de Psicopatología Imago, la Unidad 4 -Colonia Penal Santa Rosa- y la Unidad 13, estas últimos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En General Pico, recorrió la Comisaría Tercera, la Alcaidía y la Unidad 25 del Instituto Correccional Abierto dependiente del SPF. En General Acha inspeccionó la Alcaidía y en Toay, la Comisaría Departamental.
Las visitas estuvieron encabezadas por la jefa de Delegación, Josefina Ignacio. En el informe, el equipo interdisciplinario celebró la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, pero en contraposición manifestó su "preocupación" por la cantidad de personas alojadas en comisarías y alcaidías.
"Al 31 de diciembre de 2020, la Policía de La Pampa reportó 348 personas alojadas en estos establecimientos, lo que representa un aumento porcentual de 114,8% desde el año 2010 a la fecha señalada", indican en el documento al que accedió LA ARENA. Ayer este diario consultó con fuentes oficiales, quienes mencionaron que en la actualidad hay "374 detenidos en total, entre personas con prisión preventiva y condenadas".
Alcaidías
En la Alcaidía de Santa Rosa "preocupa el régimen de los sectores de aislamiento" porque, según menciona el texto, "se registraron plazos de permanencia de hasta un mes por motivos de seguridad o problemas de convivencia". Manifestaron que "este régimen conlleva un agravamiento de las condiciones".
También hicieron hincapié en las condiciones de habitabilidad porque "la dependencia aloja un total de 102 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad declarada es de 72". En ese contexto, aseguraron que la medida de las celdas "no responde a los estándares del Comité".
En la Alcaidía de General Pico "preocupa que las visitas se realizaban al aire libre por lo que cuando llovía debían suspenderse. A su vez, no hay sector destinado a visitas íntimas, motivo por el cual recurren al uso de carpas. Además, los colchones no eran ignífugos y no había calefacción".
En cuanto a la Alcaidía de General Acha, el Comité registró que "muchas celdas no contaban con luz natural ni artificial y que la actividad recreativa era insuficiente. El personal escaseaba, alcanzando una cantidad de tres funcionarios por turno".
En todas las alcaidías, las personas detenidas se quejaron por las "demoras en el acceso a la salud" y que "no hay controles médicos preventivos ni reciben tratamiento psicológico".
Comisarías.
El Comité inspeccionó la Comisaría Nº3 de General Pico, la cual en ese momento alojaba a 38 personas, dos de las cuales eran mujeres. En el informe hicieron hincapié en que "las familias son quienes aportan los elementos de limpieza e higiene y que también existen dificultades en materia de salud debido a demoras para la atención médica".