Exjueza piquense apoya el juicio político a integrantes de la Corte Suprema

General Pico (Agencia) – La exjueza (jubilada) laboral de General Pico, Laura Juan, salió a sentar posición contraria al pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa, organismo que rechazó la posibilidad de llevar a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La ex magistrada hizo conocer su opinión a los miembros del Colegio, previo a la publicación del texto, y ahora ratificó su pensamiento en un comunicado de prensa.

Laura Juan se jubiló en mayo de 2021 tras 27 años de carrera judicial y mientras ejercía como titular del Juzgado Laboral Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial. Ante el conflicto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre fondos coparticipables, que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires y generó como respuesta la búsqueda de un juicio político por parte del Gobierno Nacional y algunos gobernadores, la ex magistrada piquense consideró que el mecanismo es viable y apuntó contra las "presuntas vinculaciones, influencias e intereses" entre funcionarios de CABA y la CSJ.

La ex jueza señaló que "ante el comunicado de prensa difundido por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, al que adhiere el Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa, colegio al que estoy asociada en calidad de Magistrada Jubilada, siento la necesidad de señalar mí no adhesión a ese comunicado que cuestiona la decisión del Gobierno Nacional y un grupo de gobernadores de solicitar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, fundado en la defensa de las instituciones democráticas e independencia del poder judicial".

Y aclaró en ese punto que "oportunamente manifesté a los miembros de la comisión directiva mi postura, frente a una evidente mayoría que hizo suyos el pensamiento de F.A.M.".

Recordó luego que "el sistema republicano de gobierno sostiene el Estado de Derecho. Y es la independencia del poder judicial la garantía constitucional para salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía. De allí, que es el único poder de la república que no es sometido a la voluntad popular".

Indicó luego que "coincido en que los mecanismos constitucionales del sistema democrático de gobierno para la defensa de los órganos que lo componen deben ser utilizados con prudencia. Es la Carta Magna Constitucional quien establece los limites ante los excesos: presunción de inocencia, debido proceso, juez natural e independiente, entre otros. Es cierto también que, 'una acusación contra jueces/as no puede basarse en la disconformidad con el contenido de sus sentencias'".

Observó luego "en el caso puntual refieren al fallo de la CSJ que es favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno Nacional y gobiernos provinciales, entienden que dicha medida cautelar afecta el federalismo y perjudica a las provincias".

Y remarcó como agravante que "tal decisorio del supremo, aparece sospechado de parcialidad atento presuntas vinculaciones, influencias e intereses que comprometerían a funcionarios de la ciudad beneficiada y miembros de la Corte. Este es el punto que lleva a poner en funcionamiento la herramienta constitucional, del pedido de juicio político, que con el debido proceso deberá investigar primero y probar después la existencia de actos u omisiones que violentaron la imparcialidad e independencia judicial y actuar o no en consecuencia en un todo de acuerdo a derecho".

"Por tanto, así como se indica la prudencia para el uso de las herramientas constitucionales de parte de los otros dos poderes del Estado, también esta debe primar en las acciones que desarrollan los integrantes del Poder Judicial, evitando expresiones públicas que denotan más el espíritu corporativo, que los valores de equidad y justicia. Principios fundantes de la función judicial. Dejar de lado dichos principios, afecta a la democracia y a la ciudadanía", concluyó Laura Juan.