Comenzó la audiencia por Medanito
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EL DIARIO digital
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Madres, padres y familiares de niños y niñas se movilizaron este viernes por la mañana frente a la sede de la Dirección de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa. La marcha, que luego se trasladó hacia los Tribunales locales, contó con el acompañamiento de la abogada Débora Juárez Gauna, representante de la Fundación Todo por los niños de Córdoba, quien viajó especialmente para visibilizar graves irregularidades en el sistema de protección provincial y denunciar la "destrucción de vínculos familiares".
Bajo el marco de la Ley Provincial 2661 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), los manifestantes expusieron casos de obstrucción de vínculos, prórrogas ilegales de medidas excepcionales y situaciones extremas donde los progenitores afirman desconocer el paradero actual de sus hijos.
La presencia de la fundación cordobesa en La Pampa se activó a partir del pedido de auxilio de una madre pampeana. "Venimos a acompañar justamente a los padres de Santa Rosa y de toda la provincia. Estamos ante situaciones lamentables que se repiten en otras jurisdicciones: padres que no conocen el paradero de sus hijos, otros que directamente no tienen revinculación y otros que están completamente obstruidos de su vínculo familiar", explicó Juárez Gauna durante la concentración pacífica.
Los familiares manifestaron en la sede de la Dirección de Niñez y luego se dirigieron al Centro Judicial de Santa Rosa.
La abogada apuntó contra la falta de rigurosidad en los diagnósticos iniciales y el impacto destructivo de las falsas denuncias, las cuales suelen derivar en allanamientos y retiros compulsivos de menores, incluso en hogares con niños que presentan discapacidades.
Firmas bajo presión: "Hemos relevado varios casos donde se obligó a los padres a firmar de manera obligatoria el retiro de los menores bajo la amenaza de que, si no lo hacían, iban a ir presos. Se los sacaron así", denunció públicamente la abogada.
Prórrogas indefinidas y el bache de los 90 días
Juarez Gauna detalló la ruta institucional que sufren estas causas, las cuales se originan administrativamente en la Dirección de Niñez para luego ser judicializadas en los juzgados de Familia. La abogada criticó el uso y abuso de las denominadas "medidas excepcionales de protección":
"Existen las medidas excepcionales que, como en todos lados, tienen un plazo de 90 días. El tema es que acá, después de esos tres meses, las siguen prorrogando sistemáticamente. Los padres se encuentran desesperados, hacen todo lo que les pide la justicia y el ministerio —como los tratamientos psicológicos o psiquiátricos—, pero no encuentran respuestas. Sigue pasando el tiempo, siguen pasando los meses, y la única respuesta es la evasión y la obstrucción continua del vínculo", argumentó.
En ese sentido, remarcó que la responsabilidad inicial recae sobre el organismo administrativo: "Las decisiones dependen pura y exclusivamente de los encargados de Niñez y Adolescencia, porque esos informes son los que después se derivan a la Justicia para resolver. Lo que exigimos es que se active cada una de estas situaciones y que, fundamentalmente, haya investigación, porque hoy no se investiga".
La referente de la fundación aclaró que el conflicto no se limita a la capital pampeana, sino que abarca a múltiples localidades de la provincia. "Todo cae siempre en Santa Rosa, pero tenemos casos detectados en General Pico, Catriló y Toay. Y esto no solo destruye a los padres; hay abuelos y parientes directos que hoy no pudieron venir, pero están sufriendo la misma incertidumbre".
El grupo de manifestantes buscó mantener una audiencia con el director del área de Niñez, Rodrigo Lofvall, por lo que esperaron en las afueras del edificio. En esa espera, llegaron varios efectivos policiales que pusieron cintas en la vereda para evitar la circulación de las manifestantes, quienes luego movilizaron hacia el Centro Judicial Santa Rosa, con el objetivo de interpelar a los juzgados de Familia y Niñez.
"La Ley 2661 es clara: el niño tiene derecho a tener una familia, a ser escuchado y a mantener el vínculo con sus familiares directos. Los jueces deben investigar a fondo, no pedimos otra cosa. El solo hecho de irte a dormir por las noches sin saber dónde está tu hijo genera una incertidumbre tremenda. Si la Justicia determina que el menor debe estar en un lugar, perfecto, pero den la revinculación, no obstruyan más y dejen de destruir familias. Esto se tiene que terminar", concluyó Juárez Gauna.
