La manía de criminalizar a quienes menos tienen

El déficit habitacional en la provincia, y especialmente en la capital pampeana, no es ningún secreto y ha merecido en este mismo espacio algunas reflexiones y miradas: es una problemática con presencia imprescindible en la agenda de quienes toman decisiones.

Del mismo modo que se han evaluado sus causas -que no son el fruto de lo que pasó hace una semana, sino de un proceso de varios años con diferentes responsabilidades-, también es obligación estatal poner el foco en cuáles pueden ser las soluciones y en cuáles deben ser las respuestas de los organismos gubernamentales.

Mientras la representación del poder político intenta atender formalmente los reclamos -y se gana algunas quejas por ciertos comportamientos frente a la toma de las últimas semanas, o por la falta de respuesta frente a los planteos de quienes son protagonistas de diversos asentamientos-, el Poder Judicial también tomó intervención en las últimas horas.

Puntualmente, ante el aparente intento de 14 familias de instalarse en un terreno de la Villa Germinal (que es propiedad de la Municipalidad de Santa Rosa), la primera reacción fue "manodurista": llegó la Policía armada hasta los dientes, convocado incluso el Grupo Especial de Operaciones, amenazando con desalojos, sanciones y punitivismos varios.

Después, la fiscala Leticia Pordomingo acentuó esa tendencia incluso con las declaraciones públicas que pronunció: interpretó de modo por lo menos discutible que estaban dados los supuestos de una "usurpación".

Hay casos recientes de asentamientos o tomas en que las familias necesitadas actuaron sin violencia, como en este caso, en que organismos judiciales superiores reconocieron que no se estaban cometiendo delitos.

En este caso, la fiscala admitió públicamente que no se ejerció ningún tipo de violencia, aunque para justificar el avance del expediente aludió a una supuesta "clandestinidad" que ni ella misma supo explicar demasiado.

El "intento de toma" se produjo un sábado a las 10 y media de la mañana, no precisamente en el ocultamiento ni aprovechando las sombras de la noche. A tal punto fue transparente que la llegada de la Policía no demoró ni una hora.

Lo mismo cabe para las autoridades municipales, que arribaron prontamente al lugar de los hechos aunque negaron haber propiciado la denuncia: el argumento es que el aviso lo dieron vecinas y vecinos, otro dato que derriba de un plumazo la teoría de la "clandestinidad".

El accionar judicial parece ir en el mismo sentido de lo que ya es una tradición: como resulta más fácil y sencillo, hay una manía de criminalizar a quienes menos tienen (menos recursos económicos, menos herramientas a mano, menos tiempo, menos conexiones con el poder, menos posibilidades de conseguir abogados privados).

En este momento las instituciones más importantes del país intentan un movimiento para que los poderosos que fugaron capitales con sus guantes blancos puedan ser alcanzados por algún brazo del Estado, pero eso parece una quimera, en cambio notificar, imputar y perseguir a un pequeño grupo de personas sin trabajo registrado, sin techo y –esencialmente- "sin palenque donde rascarse", es una costumbre que a veces hasta parece divertimento.