Avances hacia la imprescriptibilidad

La abogada Stella Maris García se atreve a ir un paso más allá de la realidad actual respecto de los delitos de violencia doméstica: apunta a la posible imprescriptibilidad del delito.

"El dolor no tiene plazo, la garantía de acceso a la justicia tampoco debe tenerlo", conceptualiza.

"No todas las víctimas pueden poner en palabras lo ocurrido en el momento en que sucede. La culpa, la vergüenza y la amnesia defensiva que se provoca en las víctimas, hace que muchas veces nunca se logre hablar. Es tan fuerte la necesidad de borrar lo sucedido, que la posibilidad de llevar adelante una denuncia puede llevar años. Muchas veces la sociedad descree y esto lo hace aún más grave", describe.

La "Campaña Contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual" busca equiparar esos delitos con la tortura y reclama una nueva ley de imprescriptibilidad.

Nuevos Proyectos de ley intentan remover la prescripción independientemente de la edad de la víctima porque los especialistas entienden que la prescripción es una discriminación y privación del acceso a la justicia por parte de las mujeres. Muchas ONG y fundaciones entienden que cuando se trata de un abuso de larga data, depende de cada una la decisión de denunciar.

"Si la víctima necesita hacer la denuncia como parte del proceso de sanar, debe ser respetada y el Estado debe garantizar ese derecho y aunque se consideren que están prescriptos se habilita a favor de las víctimas, los Juicios por la Verdad", apunta.

Los Juicios por la Verdad impulsados en 1998 en la Argentina, fueron una forma "sui generis" de procesos penales promovidos por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, que no buscaron la sanción penal de los responsables -que no era legalmente posible por entonces por las leyes de punto final y obediencia debida- sino que tenían como objetivo, llegar a la Verdad, saber lo que había ocurrido, recuperar el derecho a la Memoria, obtener reparaciones simbólicas de lo padecido".

Los Juicios por la Verdad permiten acceder a la Justicia a personas que no tuvieron antes un marco institucional en el que contar su historia; cumplen el rol de institucionalizar socialmente la verdad, conforman un sitio apto para el señalamiento público de los responsables y un espacio de permanente reclamo de justicia.

Estadísticas e impunidad

Según la Organización de Naciones Unidas, una de cada 3 mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Un 20% de las mujeres que se suicidan lo hacen agobiadas por la impunidad, la revictimización y la negligencia de las instituciones encargadas de su protección.

El proceso de denuncia a la Justicia arroja cifras abrumadoras de impunidad: se estima que de cada 1.000 abusos cometidos, solo 100 son denunciados y uno o 2 llegan a condena (regla de cálculo que hacen los operadores de justicia). Todo el proceso demora 7 años, aproximadamente.

"La impunidad de la que gozan la mayoría de los agresores se debe a graves deficiencias en el aparato de justicia, un Poder Judicial que continua siendo profundamente androcéntrico", asevera Stella García.

"Frente a la soledad e impotencia de las víctimas, los movimientos de mujeres en todo el mundo, han encontrado en las denuncias públicas una forma de reaccionar frente a delitos que son muy difíciles de probar, socialmente estigmatizantes y generadores de sentimiento de culpa en la víctima. La sociedad y a veces la familia contribuyen a silenciar a muchas víctimas", lamenta.

"La legítima movilización de mujeres ha generado una concienciación en el público y en los poderes públicos sobre el abuso sexual, que ninguna acción previa había producido hasta ahora", describe.