Mac Allister: "Si hubiéramos visto algo, hubiéramos observado y sancionado"

La presidenta del Tribunal de Cuentas de la Provincia, María Alejandra Mac Allister, y los síndicos de la empresa Pampetrol, respaldaron este viernes, durante una visita a la la Legislatura Provincial, la legalidad de los contratos de alquiler que el gobierno provincial le cobra a esa empresa con mayoría estatal en la explotación de algunas áreas petroleras en sociedad con Petroquímica Rivadavia.

Además de Mac Allister, los vocales José Pablo Moslares y Francisco García, y también los síndicos de Pampetrol, Juan Carlos García, Simón Barreto y Martín Matzkin, fueron convocados para exponer su postura en relación al escándalo que provocaron las declaraciones del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, viralizadas en un video durante su participación en una comisión legislativa en diciembre pasado.

A pesar de que reconocieron que no hay ilegalidad en los contratos, desde la oposicion insitieron este viernes en pedir la cabeza del ministro, que en un encuentro de comisiones del año pasado había afirmado que amaron contratos entre Pampetrol y el Estado provincial con el objetivo de pagar menos Impuesto a las Ganancias. El ministro, en esa oportunidad, pidió cortar la grabación porque si no "vamos todos presos".

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El presidente del bloque de la UCR, Francisco Torroba, y el del bloque del PRO, Martín Ardohain, reconocieron los controles y no pusieron en duda la convalidación de los contratos por parte del control externo, de los síndicos, como el externo, por parte del TdC. Sin embargo, insistieron en pedir la renuncia de Franco por el daño que provocó a la imagen de la empresa petrolera con sus declaraciones. El oficialismo rescató que no hubo evasión, no hubo delito y el alquiler existe y no es un dibujo, con esa conclusión intentó dar un cierre al tema.

Cabe recordar que Franco se llamó a silencio tras un comunicado de prensa en el que hizo un pedido de disculpas. "Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado", dijo, aunque aclaró que nunca cometió una ilegalidad, a pesar de su "expresión claramente desafortunada". El gobernador Sergio Ziliotto no lo respaldó públicamente hasta ahora.

Todo legal, todo bien

El presidente del bloque de la UCR, Francisco Torroba, sostuvo que, a partir de la viralización del video de Franco, "la sociedad piensa que a Pampetrol no la controla nadie, que es un cabaret". Entones preguntó a Mac Allister si el contrato de alquiler que mencionó Franco como un "invento" para no pagar Ganancias, existe "o es un dibujo".

Primero, el síndico de Pampetrol, Juan Carlos García, explicó que "el estado no podría darle un bien a una empresa en forma gratuita. Se le cobra un alquiler, un bono. En los tres contratos se paga un contrato de alquiler, con un valor en función de los bienes cedidos. La empresa los va a pagar en tanto y en cuanto no tenga que distraer recursos que le impidan dedicarse a la producción. Al 31 de diciembre de 2021 pagamos el 40% de los contratos, le dimos algo así como 364 millones de pesos al estado, otra parte no se canceló por la política de inversión y el mismo estado prorrogó la cobranza para no entorpecer la producción".

"El contrato es legítimo, legal, fue firmado por las personas que tenían que firmar, se hizo en función de leyes provinciales, intervino el Tdc, en consecuencia el contrato ese es válido, legítimo en todo sentido", aseveró.

"¿Es para pagar menos ganancias? Los bienes existen, gasoductos y demás. No tiene cuestionamiento, lo objetable sería que no lo hubiéramos deducido de Ganancias. Uso lo que la ley me habilita para deducir", dijo.

"Desde cualquier punto de vista se puede preguntar si el estado está bien o mal que lo cobra, alquila u bien que tiene. Pero tratándose de algo que va a alquilar a una sociedad privada, lo que hace el estado es tutelar y defender el valor de su patrimonio", redondeó.

-¿No es un contrato dibujado? Las palabras del ministro afectaron a la empresa, ¿cuál fue la reacción ante la viralización y las dudas de parte de la sociedad? ¿Estamos ante un delito de evasión o no?-insistió Torroba.

-Para que haya evasión tiene que haber un incumplimiento de la ley, una factura trucha, no poner todos los ingresos. Nosotros estamos pagando, o debemos, un alquiler. Hubiéramos entrado en infracción si no hubiéramos descontado Ganancias -respondió García.

La presidenta del TdC, Marita Mac Allister también respondió las preguntas del legislador radical: "No me hago cargo de declaraciones en los medios. Me llama la atención la pregunta porque esto está avalado por ley, ustedes están en contacto con la ley. El tribunal trabaja en las auditorías, hicimos un bloque de leyes, para Medanito, Jaugel de los Machos y Medanito Sudeste. El asesor letrado recomendó en un dictamen un alquiler. En la comisión interpoderes participaron todos, se aprobó en 2019 el proyecto de contrato de alquier. Esos contratos fueron aprobados en el 2020 y transformados en contratos onerosos. Se fue cobrando, se provisiona la deuda. Pero es todo ley, me llama la atención la pregunta, no tenemos competencia ni nosotros ni la sindicatura. En todo caso la pregunta es para la Afip", manfiestó.

La funcionaria dijo que desde el TdC sí se aprobaron los contratos de alquiler en el control previo. "Nosotros mandamos todos los informes a la cuenta de inversión, están a disposición", dijo.

La funcionaria dijo que se controlaron los contratos de alquiler y los ingresos de los pagos por el alquiler. Y que la documentación está disponible en el organismo. "Si hubiésemos visto algo en la rendición de cuentas y hubiésemos decidido alguna observación y en su caso un sanción", dijo. "Es un control de legalidad no de gestión, en términos de mérito, oportunidad y conveniencia. Eso es un control que depende del poder político, del legislativo", intervino el vocal del tribunal, Moslares.

En otro momento de la exposición, Mac Allister dijo que prefiere "ser propositiva" y planteó que "hay que discutir el tipo de auditoría que queremos tener, somos la única provincia que tenemos un control previo, pero hay que ver cómo se hace en las SAPEM, por eso celebro que el gobernador anunciara a principio de año un proyecto para todas y no solo para Pampetrol, y queremos ser convocados para discutir y proponer si vamos a controlar la gestión o qué, y son los legisladores los que pueden definirlo".

Tres controles cruzados

Ese viernes, en el inicio del encuentro, el presidente de la comisión, el justicialista Roberto Robledo,había recordado que la invitación al TdC y de los síndicos se hizo a pedido del diputado radical, Francisco Torroba, para intentar despejar "el manto de sospechas" que arrojó la declaración de Franco de diciembre.

En primer lugar, desde el bloque del radicalismo, el diputado Mauricio Agón, consultó a la sindicatura sobre el control que efectúan. El síndico y contador Juan Carlos García dijo que el control de una SA "es directo para verificar la legitimidad", participando de las reuniones de directorio en las que pueden hacer observaciones, aunque sin derecho a voto, "sin tocar la gestión".

Contó que participaron en la elaboración de un "manual" para guiar al directorio en la parte legal de los contratos que se firman. "La legitimidad está referido a que esté encuadrado en las normas, la ley de sociedades, la de creación de Pampetrol, su estatuto, las resoluciones de la asamblea y del directorio", explicó.

El diputado Agón pregunto sobre el atraso de los informes de los balances trimestrales a la legislatura que fija la ley de Pampetrol y el síndico lo justificó en "la complejidad del sistema" y porque recién ahora la estructura técnica del área está en condiciones de cumplir esos plazos. "Es recomplicado volcar todos los datos del sistema a papel", se quejó.

Por su parte, la presidenta de TdC, Marita Mac Allister, apuntó que se ejerce un control externo desde ese orgnanismo sobre Pampetrol a partir de una ley específica, que fija la competencia. Precisó que "algunas partes de la vida de Pampetrol tienen un control previo de licitaciones". "El control previo es para la suscripción de acciones, se hace una auditoría de legalidad que está dentro del rubro balance. La legislatura hace el control externo a través de los informes y la sindicatura. Acá estamos todos los organismos de control y me parece positivo. La AFIP también hace su control", explicó, a modo docente.

"El control que hacemos nosotros es un control más. Quiero dejarlo aclarado, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hizo o no. Si cada uno ejerce el control en su ámbito, las políticas públicas llegan a destino", reafirmó, en lo que pareció un tiro por elevación a los diputados que votaron las leyes, escucharon a Franco en diciembre, y ahora se toman de los pelos con el escándalo mediático.

Ante una consulta específica, Mac Allister informó que el último ejercicio económico de Pampetrol que auditó el TdC es el de 2018. "El de 2019 se aprueba por asamblea y en los primeros meses de 2020 y 2021 tuvimos una pandemia y fue prorrogando las asambleas. Recién se hizo en noviembre, entonces estamos terminando ese balance, tenemos un informe preliminar, con lo cual le damos la posibilidad a Pampetrol para que conteste las observaciones. Y tenemos iniciado el 2020, el 2021 la asamblea se hace en abril. No quiere decir que los balances no estén terminados, pero intervenimos una vez aprobados por balance", dijo.

El síndico García intervino en ese momento para insistir que controlan la "razonabilidad" de los balances, pero el control de la gestión es facultad de la asamblea. "No podemos opinar si es necesario comprar o no un tractor", ejemplificó. "El TdC puede ir a recabar información tantas veces cuando quiera a Pampetrol, pero puede actuar con posterioridad al balance", insistió Mac Allister.

Juicio político

La reunión de Franco con legisladores y legisladoras fue el 13 de diciembre. Ese día, se jactó de que merced a una maniobra elaborada por él, Pampetrol podía aliviar parte de su pago del impuesto a las Ganancias, a partir de contratos de alquileres de inmuebles con la Provincia. Todo ese trámite, legal y administrativo, data del año 2017 y tiene aprobación unánime de la comisión Interpoderes y de la propia Legislatura.

Tan insólito parece ese escenario que la oposición sostiene diferentes posiciones, incluso contradictorias. Primero los legisladores y legisladoras hicieron silencio, porque todo lo actuado cuenta con su aval. Después, la mesa de Juntos por el Cambio -donde no hay diputados ni diputadas- pidió la renuncia del ministro.

Esta semana el bloque de la UCR presentó un pedido de juicio político para removerlo. El jefe de bloque Francisco Torroba dijo que no había hechos de corrupción, ni delitos. Pero que había que sentar a Franco en el banquillo porque perjudicaba a la empresa.