Educación reafirma que no puede ingresar niños con derechos vulnerados a las escuelas hogares

El ministro de Educación, Pablo Maccione, se reunió esta semana con el ministro de Desarrollo Social, Diego álvarez y el Defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, para analizar el funcionamiento de la comisión paritaria que aborda la situación que atraviesan las escuelas hogares de la provincia. El funcionario reafirmó que no pueden utilizar como "justificativo" la vulneración de derechos de los niños para ingresarlos a esos establecimientos, que se quedan paulatinamente sin matrícula.

Un sindicato de docentes de esa modalidad, que se conformó el año pasado, pidió revisar la normativa que, según consideran, implica un tiro de gracia para el futuro de esos establecimientos. El año pasado se cerró la Escuela de La Pastoril y la de Colonia San José.

Si bien a principio de mes el ministro aclaró que "ni este año ni el año que viene se prevén cierres", la incertidumbre no termina de despejarse. Y el ministro ratificó que no abrirán las escuelas para los casos de niñez con derechos vulnerados si no media un okey del ministerio de Desarrollo Social.

En esa línea esta semana Maccione se reunió con álvarez y el subsecreario de Niñez, Juan Pablo Bonino. También participo el defensor de la Niñez, Juan Meaca.

Impedimento legal

Como definición del encuentro, los funcionarios reafirmaron -según el informe de APN- que la legislación vigente "impide tratar la vulneración de derechos como un justificativo para el ingreso a estas escuelas, imponiendo como principio fundamental el mantenimiento de la permanencia en cada estructura familiar". "El retiro de sus hogares de niños, niñas y adolescentes constituye una medida excepcional que no puede ser dispuesta por el Ministerio de Educación provincial de acuerdo al sistema de protección de derechos", insistieron.

Uno de los reclamos de los docentes, para que las escuelas hogares no se queden sin matrícula y se cierren, es justamente ese: albergar a niños en estado de vulnerabilidad.

Ahora Educación explicó que "desde el año 2021, la Comisión Paritaria viene dando tratamiento a la organización de las escuelas con formato hogar". "Las tareas que se realizaron permitieron generar encuentros propiciando el diálogo entre directores y directoras, donde se analizó la necesidad de pensar otro formato de escuela, de acuerdo a la dinámica poblacional y las necesidades de los contextos familiares; compartir datos estadísticos referidos a la cantidad de matrícula, lugar de procedencia de estudiantes y cantidad de docentes de grado y de especialidades; habilitar la escucha de propuestas de trabajo y proyecciones presentadas", precisó en un informe que difundió APN.

"Se viene desarrollando un trabajo sostenido con otras áreas de Gobierno para garantizar el derecho a la educación en Escuelas Hogares a estudiantes que por razones de distancia así lo requieran, dando cumplimiento a los requisitos que establece la normativa vigente y a los nuevos paradigmas en el tratamiento de las infancias que contemplan los principios de la "Convención sobre los derechos de los Niños" mediante el dictado de la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 2.703. Se trata de un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en pos de profundizar las acciones vinculadas al cuidado de niñas, niños y adolescentes", señalaron.

Educación indicó que "ha sido de especial análisis aquellas Escuelas con formato Hogar que poseen escasa matrícula debido a la migración de la población hacia los centros urbanos. En todo momento, los análisis fueron y continuarán siendo materia de trabajo en el ámbito paritario para repensar cada institución desde su contexto, en el marco de las leyes y de acuerdo a las posibilidades de reorganizar su proyecto educativo en un ámbito institucional, con la participación de los y las docentes", redondear.

Futuro preocupante

Docentes, trabajadores y trabajadoras de la Educación sostienen desde hace tiempo la necesidad de un encuentro con las autoridades ministeriales para evitar que las escuelas hogares de La Pampa vayan camino a su desaparición. Advierten que hay una normativa que se puso en vigencia en 2019 que es un auténtico tiro de gracia: sectores que trabajan en ese ámbito exigen por eso mismo, ahora con más fuerzas, que se revea la resolución que impide que esos establecimientos sean parte de la oferta educativa.

En diálogo con El Diario, Ana Claudia Rodríguez, directora de la Escuela Hogar N° 50 de Ojeda, alertó que están preocupados "por estas infancias con derechos vulnerados y familias que piden el ingreso y no son tenidas en cuenta".

“La normativa que tienen en vigencia es excluyente. Nos dicen que no se cierran las escuelas, pero es como si las fueran dejando morir…”, reflexionó Héctor González, docente de Educación Agraria de la Escuela Hogar número 73, de Utracán.

Las autoridades se amparan en la ley de protección a la Niñez. Bajo el argumento de que niños y niñas son sujetos de derecho y tienen que permanecer en sus casas con los padres y madres, se utilizan todos los mecanismos a mano para evitar la concurrencia a las escuelas hogares.

Quienes conocen el territorio advierten que una decisión de ese tipo puede convertirse en otra vulneración a las infancias si se naturalizan casos de violencia o mala alimentación. “Se discrimina más a los que menos tienen”, insiste Ana Claudia Rodríguez.

Hace poco cerraron sus puertas la escuela de La Pastoril (la decisión se tomó cuando quedó un solo alumno y ahora está deshabitada); la de Colonia San José (aun con 5 alumnos dejó de funcionar y reubicaron a los y las estudiantes). También cerró -ya de manera definitiva- una escuela rural de La Maruja.

Y hay otros establecimientos que aparecen en el centro del blanco y están en riesgo: en árbol Solo y en Utracán hay 3 estudiantes, en Ojeda 5. En el resto de las 24 escuelas hay a veces una decena o un poco más. A esas escuelas hogares que tienen ciertos contextos diferentes desde el Ministerio les plantean convertirlas en establecimientos de “jornada completa”.

El camino de la restricción en las inscripciones se viene haciendo desde 2017. Pero la normativa que impuso las nuevas condiciones es del año 2019.

La normativa 44/19 determina que solo pueden concurrir a las escuelas hogares quienes residan en el zonas rurales. Antes ese requisito -o limitación- no existía. No es un secreto que cada vez hay menos población en el campo. Aun en esos casos, madre o padre deben exhibir el certificado que demuestre que viven en zona rural.

Los otros estudiantes que pueden sumarse a una escuela hogar son quienes viven en un pueblo, pero se considera que tienen "derechos vulnerados". Eso requiere de un paso burocrático complejo: la intervención de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. "Es una cosa que es casi imposible, es muy difícil también para las familias hacer eso", dice González.

No obstante, "hay muchos chicos con vulneración de derechos. Pero al haber ministerios encargados de eso, a las escuelas nos dejan en segundo plano. Y somos una herramienta que puede ayudar y favorecer, trabajar en conjunto, si no estamos sacando las herramientas. Son todas trabas. Es burocracia y trabas para las familias. Hay ministerios que trabajan muy bien, y que han hecho informes puntillosos sobre derechos vulnerados, pero aun así no pueden ingresar. Es confuso".